Justicia peruana envía a prisión a Keiko Fujimori por caso Odebrecht

El juez peruano Richard Concepción Carhuancho ordenó ayer 36 meses de prisión preventiva para la lideresa opositora Keiko Fujimori en la investigación que se le sigue por un presunto lavado de activos en la financiación de su campaña en las elecciones de 2011.

“Este despacho considera que sí existe sospecha grave sobre la participación de la investigada Keiko Sofía Fujimori en el delito de lavado de activos en condición de líder en organización creada de facto al interior en Fuerza 2011”, señaló el juez al sustentar su decisión.

Fuerza 2011 es hoy Fuerza Popular, el partido presidido por Keiko Fujimori, sobre el que el juez considera que hay elementos suficientes para sospechar que ella ordenó a la cúpula de esta organización política lavar grandes cantidades de dinero.

Por el delito imputado de lavado de activos agravado, la hija del expresidente Alberto Fujimori se enfrenta a una eventual condena de al menos diez años de prisión.

Tras leer su resolución durante más de siete horas, el magistrado Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional de Perú, justificó la necesidad de que Keiko Fujimori ingrese en prisión preventiva por el peligro de perturbación de pruebas y testigos.

El juez citó en su resolución las declaraciones de testigos que afirman que Keiko Fujimori mantuvo reuniones con el exjuez César Hinostroza, actualmente en prisión provisional en España, para que este le favoreciera en los procesos judiciales que afronta.

Hinostroza, acusado de liderar una gran trama de corrupción en la judicatura, presidía la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de Perú y en ella debía resolver dos recursos presentados por Fujimori para archivar la investigación que le sigue el fiscal contra el lavado de activos José Domingo Pérez.

El magistrado también decretó que existe un riesgo de fuga “alto e intenso”, a pesar de que Fujimori cuenta con arraigo domiciliario y ocupacional, aunque no profesional, pues puso en duda que presidir el partido Fuerza Popular genere un vínculo laboral.

La abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, apeló inmediatamente la resolución del juez, que incluyó en ella los 36 meses de prisión preventiva que había solicitado el fiscal Pérez, que es el máximo plazo posible.