Francia legislará contra el racismo en internet
Buscará que se retiren los contenidos racistas o antisemitas de las redes sociales. Presionará para que se haga lo mismo a escala europea
El primer ministro francés, Edouard Philippe, anunció que su país legislará para reforzar la detección y supresión de contenidos racistas o antisemitas en internet, y en particular en las redes sociales, y señaló que también presionará para que se haga lo mismo a escala europea.
En la presentación de un plan nacional en el Museo Nacional de Historia de la Inmigración, Philippe afirmó que su objetivo es un dispositivo legislativo europeo que obligue a los operadores de internet, incluidas las redes sociales, a que retiren rápidamente los mensajes "de odio, racistas o antisemitas".
Avanzó que van a ser activos en ese terreno y que "vamos a luchar" para conseguirlo.
Además, mientras se materializan esas iniciativas en la Unión Europea, el jefe del Ejecutivo indicó que se va a reformar la normativa francesa para "reforzar las obligaciones" de las plataformas en línea.
A ese respecto, insistió en que las redes sociales no están al margen de las reglas y que "todo lo que se publica y se divulga en Francia debe responder a las leyes de la República".
"Frente a un odio que experimenta una metamorfosis -argumentó-, nuestro deber de republicanos es continuar la lucha adaptándola, dotarse de las armas apropiadas y utilizarlas en el momento adecuado, en el lugar adecuado".
El primer ministro encargó la misión de presentar propuestas de reforma legislativa a un grupo formado por la diputada de la mayoría presidencial Laetitia Avia; el vicepresidente del Consejo Representativo de Instituciones Judías de Francia (CRIF), Gil Taïeb, y al profesor franco-argelino Karim Amellal.
Igualmente explicó que ha pedido al ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, la creación de "un equipo nacional de intervención rápida", cuyo cometido será respaldar a los profesores que se vean confrontados a comportamientos o comentarios racistas o antisemitas.
También intervenir en los centros en los que ciertos contenidos sobre la igualdad o el respeto de los principios republicanos puedan ser objeto de contestación por los alumnos.
