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Dictan prisión preventiva para Cristina Fernández, pero seguirá libre por sus fueros


El juez Claudio Bonadio encontró indicios suficientes para dictar la detención de la exmandataria, pero esta continuará en libertad gracias a la protección parlamentaria


Cristina Fernández negó los cargos en su contra y aseguró que se trata de una maniobra política
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18/09/2018

Se cierra el círculo sobre Cristina Fernández. Un juez procesó ayer con prisión preventiva a la ex presidenta argentina acusada de haber recibido millonarios sobornos de empresarios de la obra pública durante los Gobiernos kirchneristas (2003-2015), aunque de momento no será detenida por ser senadora y tener fueros parlamentarios.

Según informaron a la agencia EFE fuentes del caso, el magistrado federal Claudio Bonadio dictó el procesamiento por “asociación ilícita” contra ella -cuya detención dependerá de que dos tercios de los senadores aprueben su desafuero- y diversos miembros de su Ejecutivo, así como contra varios de los empresarios sospechosos de haber pagado coimas para favorecerse con contratos.

Desde que surgió el escándalo a principios de agosto, varios son los empresarios y exfuncionarios que han declarado como imputados “arrepentidos” -figura legal que otorga beneficios penales para los que colaboren- y han reconocido la existencia de las coimas y la implicación de Fernández y su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner.

Descartan desafuero

El senador peronista Miguel Ángel Pichetto aseguró ayer que no ve posible que Cristina Fernández pueda ser desaforada por la causa en la que se investiga una supuesta red de sobornos.

“La etapa de instrucción es una etapa preliminar donde hay elementos, pero de ninguna manera configura definitivamente la responsabilidad penal. Es imposible producir el desafuero y la detención de un senador o de un presidente o de un ministro”, expuso el legislador en diálogo con radio Cooperativa.

Desde hace días se espera que el juez federal Claudio Bonadio presente una petición de desafuero ante el Senado para dictar el procesamiento con prisión preventiva contra la expresidenta (2007-2015) por ser jefa de una asociación ilícita.

El escándalo se desató el 1 de agosto, después de una investigación del diario La Nación, que sacó a la luz unos cuadernos escritos por el chofer Oscar Centeno, cuyo jefe era el ex funcionario público Roberto Baratta.

En los cuadernos, el conductor detalló cómo funcionaba el sistema de un caso que ya acumula más de una veintena de imputados y varios arrepentidos que colaboran con la justicia.

El pasado agosto, el Senado ya aprobó que la justicia allanara los domicilios de la expresidenta.

Pichetto, jefe de Argentina Federal, principal bloque peronista en la Cámara Alta, insistió en que “las resoluciones de prisión preventiva no tienen un contenido integral de sentencia condenatoria” y advirtió al oficialismo que la prisión preventiva “es un tema muy peligroso”.

“Mañana le puede pasar al propio presidente”, observó.

Asimismo, recalcó que el proceso se encuentra en “etapa de instrucción” y que el juez toma esta resolución “considerando que hay elementos que pueden involucrar a una persona”, pero “luego tienen que proceder a elevar la causa a juicio y ahí hay un tribunal oral que la juzga y que al final del camino dictará una sentencia de absolución o de condena”, insistió.

La Cámara Alta, en la que ningún grupo parlamentario tiene mayoría absoluta pero en la que la corriente ideológica peronista, a la que pertenece Fernández, es mayoritaria, necesita reunir el sí de dos tercios de los legisladores para despojarla de sus fueros.

Sin embargo, de momento no se atisba que el desafuero pueda prosperar porque el histórico Partido Justicialista (peronista), con gran representación en la Cámara, reitera que no acompaña estos pedidos por no haber condena firme.

Ya a finales del pasado año Bonadio pidió al Senado el desafuero de la exmandataria por otra causa, algo que no prosperó.



 




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