ARGENTINA

Cristina irá a la CIDH por supuestas irregularidades


Su defensa dice que se cometieron abusos y que encontraron un tóxico supuestamente utilizado por los investigadores

La Policía continúa con las investigaciones ordenadas por el juez Claudio Bonadio por los sobornos
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28/08/2018

La expresidenta de Argentina Cristina Fernández (2007-2015) denunciará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se han “avasallado” sus derechos durante los registros realizados en los últimos días en sus domicilios, informó a EFE su abogado Gregorio Dalbón.

El letrado explicó que está recopilando datos sobre los operativos ordenados por el juez Claudio Bonadio en el apartamento de Fernández en Buenos Aires y sus casas en Río Gallegos y El Calafate, en la provincia de Santa Cruz, y que él mismo viajará a Washington “seguramente esta semana” a la sede de la CIDH.

“Les daré el informe y solicitaré veedores y una visita para que puedan observar cómo estaba el lugar antes y cómo quedó después”, añadió Dalbón.

En concreto, el “dato principal” para considerar que se han “avasallado” los derechos humanos de la actual senadora es que la comitiva que llegó el pasado jueves a la vivienda de la capital argentina para realizar el registro -que duró 12 horas- expulsara de la misma a Carlos Beraldi, otro de los letrados de la expresidenta.

“Echar al abogado, que fue el que abrió la puerta para que el allanamiento se practique, es realmente avasallar los DDHH”, añadió Dalbón.

Ya esta mañana, Beraldi denunció que hubo “ilegalidades” en los allanamientos en los tres domicilios de la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y remarcó que el hecho de que se le haya impedido “controlar” el operativo del jueves constituye una violación de las “disposiciones constitucionales” y “la ley dictada en consecuencia”.

Fernández, en una carta pública, había solicitado hace una semana que no hubiera registros gráficos de los operativos y que estuvieran presentes sus abogados y un senador o senadora designados por ella, algo que el juez no aceptó.

No obstante, desde la defensa negaron que, como publicaron algunos medios, hubiera en las casas bóvedas, documentos u “objetos” que puedan tener una procedencia ilícita y denunciaron que un “tóxico” supuestamente usado por los efectivos policiales en los registros ha afectado a personal de limpieza contratado por la senadora.



 




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