Asegura que su acción se enmarca en convenciones internacionales y leyes nacionales para ejercer sus derechos como ecuatoriano residente en el exterior. El exmandatario ha sido acusado por el secuestro de un diputado

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2 de julio de 2018, 9:52 AM
2 de julio de 2018, 9:52 AM

El expresidente Rafael Correa, quien debía acudir el lunes ante la justicia de Ecuador por un caso penal, informó que se presentó en el consulado ecuatoriano en Bruselas, donde vive desde que dejó el poder tras una década de gobierno.

 "Me he presentado el día de hoy, lunes 2 de julio de 2018, al Consulado del ECUADOR en Bruselas, para cumplir la medida cautelar impuesta por la ilegal e ilegítima vinculación al llamado 'Caso Balda'", indicó el exmandatario a través de Twitter.

 Agregó que su acción se enmarca en convenciones internacionales y leyes nacionales para ejercer sus derechos como ecuatoriano residente en el exterior.

 En una carta dirigida al consulado, en la que pide certificar que se presentó y aparece un sello de recepción de la legación, Correa señaló que "es mi deseo cumplir con las exigencias procesales, a pesar de ser evidente la persecución política y judicial que he sufrido en los últimos meses".

 Una jueza ecuatoriana dispuso el 18 de junio pasado que Correa (2007-2017) se presente "cada 15 días", a partir de este lunes, ante la suprema Corte Nacional de Justicia en Quito para que responda por su presunta participación como autor mediato en el secuestro del exdiputado opositor Fernando Balda en 2012, delito sancionado con al menos cinco años de prisión.

 El abogado de Balda anticipó que solicitará orden de prisión preventiva contra el exgobernante si es que incumple la disposición de presentarse en Quito.

 "Todos saben que es una vulgar persecución política, que nunca hubiera podido ocurrir en un verdadero Estado de Derecho, y que, por burda y absurda, jamás prosperará a nivel internacional. Agradezco el profesionalismo de los funcionarios del Consulado. ¡A resistir! Todo es cuestión de tiempo", dijo el exmandatario socialista.

 Balda sostiene que cuando estaba en Bogotá en 2012, y por orden de Correa, cinco personas lo subieron a la fuerza a un automóvil, aunque la policía colombiana interceptó el vehículo y frustró el secuestro.

 Por el caso ya están detenidos tres agentes de Inteligencia y un excomandante de la Policía, así como está con orden de prisión un exjefe de la Secretaría (ministerio) Nacional de Inteligencia que está en España, cuya extradición pidió Ecuador.

 Diputados afines a Correa (minoría) le pidieron el jueves último desde Quito que no regrese al país para presentarse ante la justicia.

 La legisladora correísta Gabriela Rivadeneira agregó que el pedido es para "precautelar la seguridad integral, incluyendo la seguridad física" de su líder.

Acusado

El ex presidente de Ecuador Rafael Correa ha sido acusado formalmente el fin de semana de ser el autor intelectual del secuestro que el ex diputado opositor Fernando Balda sufrió en agosto de 2012, según confirmó a Efe este político.

Balda explicó que la denuncia fue presentada este sábado ante la Corte Nacional de Justicia en Quito, cuya Sala de lo Penal ordenó a Correa comparecer cada 15 días ante la sede judicial como vinculado en la fase indagatoria del proceso que se sigue sobre el caso.

"Una vez que el Fiscal ha solicitado a la Corte Nacional la vinculación de Correa como autor de secuestro y asociación ilícita, como acusación particular he interpuesto la denuncia con la que lo acuso formalmente de esos delitos", indicó el exasambleísta.

Balda solicita a la Fiscalía que profundice en las circunstancias en las que se ejecutó su secuestro en Colombia, que según sostiene, constituiría un "crimen de Estado".

"Habría sido él, en caso de demostrarse en audiencia de juicio, quien ordenó la infracción valiéndose de la estructura del Estado y la organización de inteligencia policial de la misma, incluso permitiendo el uso de recursos ilimitados para ello", señala el escrito de la denuncia.

Y dice que desde la instancia judicial sería "imperdonable" que su caso fuera tratado como un "simple secuestro", a la luz de las pruebas y testimonio que apuntan a una dimensión y estructura criminal organizada presumiblemente desde el Estado.