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Chavismo aprueba ley que prevé inhabilitar partidos


La Asamblea Constituyente, controlada por el oficialismo, aprobó la ‘Ley contra el Odio’ que pone en jaque a los pocos medios independientes que quedan en Venezuela. La norma es parte de la ofensiva del presidente Nicolás Maduro contra la oposición

Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Legislativa, junto a Nicolás Maduro

09/11/2017

La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó ayer una ‘Ley contra el Odio’ que castiga con penas hasta de 20 años de cárcel y amenaza con el cierre a medios de comunicación y la ilegalización a partidos políticos que promuevan “el odio y el fascismo".

La polémica ley fue solicitada por el presidente, Nicolás Maduro, a la Constituyente oficialista para acabar con los supuestos mensajes de “odio" que, según el oficialismo, dispararon la ola de protestas antigubernamentales que sacudieron el país entre abril y agosto y dejaron 120 muertos.

“Quien públicamente (...) incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político (...) será sancionado con prisión de 10 a 20 años", establece el artículo 20 de la citada ley.

El texto -refrendado una vez más por unanimidad en la Constituyente oficialista- prevé también la posibilidad de castigar con penas de 8 a 10 años de prisión a los policías y militares que no persigan estos delitos de odio, la misma medida que se aplicará al personal sanitario que discrimine a la hora de prestar atención.

La ley permitirá prohibir e inhabilitar para las elecciones a los partidos políticos que “promuevan el fascismo" y los demás “delitos de odio" ya mencionados.

Nicolás Maduro, la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, y el resto de primeras espadas del oficialismo tachan a menudo de “fascistas" a los partidos de la oposición, a los que se refieren habitualmente como “derecha apátrida".

Con las disposiciones aprobadas ayer, la Constituyente -un suprapoder instaurado por el oficialismo que no reconoce ni la oposición ni buena parte de la comunidad internacional- obliga a los medios de comunicación públicos y privados a difundir contenidos avalados por el Estado que estimulen “la diversidad" y “la tolerancia".

La ley tampoco deja sin regular las redes sociales, y las personas jurídicas responsables de estas plataformas y de los medios electrónicos que no retiren en un plazo de seis horas mensajes “de odio" deberán responder con el pago de multas.
Internet, la única alternativa

La publicista venezolana Gaby Castellanos alertó ayer durante un foro en Miami que el único medio para experimentar la libertad que les queda a los venezolanos es internet y que por ello deben utilizarlo con inteligencia.

“Para los que tenemos que convivir en países dictatoriales como Venezuela las únicas herramientas que nos quedan son la inteligencia y entender cómo se utilizan esas herramientas para llevarlas a cabo de nuestro lado", aseguró Castellanos, de la agencia SocialPhilia. 

La publicista, que intervino en el segundo día de la conferencia Cuba Internet Freedom (CIF), se lamentó sin embargo que la población “desconoce" las herramientas de los medios digitales y cómo usarlas en su beneficio, y además ha caído en una “depresión ciudadana".

EL TSJ prohíbe imágenes con contenido sexual

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela prohibió a los medios realizar publicaciones de imágenes con contenido sexual implícito o explícito, de forma impresa, digital "o por suscripción privada", debido a que esto afecta el "derecho a la dignidad humana".

El TSJ prohibió al semanario local El Heraldo "realizar publicaciones en forma impresa, digital o por suscripción privada, de imágenes que contengan carga o contenido sexual implícito a través de retratos, fotos, anuncios publicitarios, o por medio de direcciones electrónicas".

El Supremo explica entonces que esta decisión se hace extensiva "a todas las situaciones análogas" y exhorta al Ministerio de Comunicación y el ente regulador de comunicaciones, Conatel, para que "ordene la cancelación de las direcciones electrónicas de contenido pornográfico explícito o implícito".
Dos mujeres interpusieron ante el Tribunal un "amparo constitucional", por una publicación que hizo el diario El Heraldo.



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