ARGENTINA

Allanan la casa de Cristina por el ‘Lava Jato argentino’ y Macri dice que no la persigue


Se calcula que unos 160 millones de dólares fueron movilizados en coimas para la obtención supuestamente irregular de contratos. Se complica la situación de la expresidenta. Sus abogados dicen que es inocente y que enjuiciarán a Claudio Bonadio

En medio de un gran operativo policial, la justicia allanó una de las casas de la expresidenta. Foto: AFP
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24/08/2018

Tras la autorización aprobada en el Senado, el juez Claudio Bonadio movió las fichas y se complica la situación de la expresidenta de Argentina por el escándalo de los sobornos de empresarios caratulado como “caso cuadernos” o Lava Jato argentino.

El allanamiento de una de las tres viviendas de la expresidenta de Argentina y actual senadora Cristina Fernández comenzó por orden de Bonadio, en el marco de una causa que investiga supuestos sobornos millonarios para adjudicar la obra pública.

El Gobierno de Argentina reiteró que la justicia del país trabaja de forma independiente y destacó que “no hay ningún elemento” que sustente que hay, como denuncia la expresidenta Cristina Fernández, una persecución política contra ella por las varias causas que la afectan por corrupción.

“Lo más importante es que el presidente (Mauricio Macri) tomó la decisión desde el primer día de que haya una total independencia del Poder Judicial, de la prensa, de todos aquellos actores que pueden proveer información”, dijo a la prensa el jefe del gabinete de ministros, Marcos Peña.

Operativo policial

Un enorme operativo se desplegó en el exclusivo barrio de Recoleta, en Buenos Aires, con varias camionetas policiales, un cordón de efectivos frente a la puerta del edificio y personal de brigadas de explosivos, bomberos y perros entrenados. El operativo comenzó sin la presencia del juez ni del fiscal Carlos Stornelli.

En otras dos residencias de la expresidenta, una en Río Gallegos y otra en El Calafate, en el sur del país, aún no había empezado la inspección policial, señaló la prensa en el lugar.

Los allanamientos fueron requeridos por Bonadio y necesitaban la aprobación del Congreso dado que la exmandataria (2007-2015), elegida senadora en 2017, está amparada por fueros parlamentarios, por los cuales no puede ser detenida, pero se la puede imputar y condenar.

Antes de la sesión del miércoles en la que fueron aprobados los allanamientos, la expresidenta solicitó resguardo de su intimidad y que se prohíba la presencia de cámaras durante los procedimientos, reclamos que no fueron tomados en cuenta por la Cámara Alta.

Poco después del inicio del operativo, el abogado de Kirchner, Carlos Beraldi, salió del edificio denunciando que había sido obligado a retirarse del lugar por orden del juez.

“Estamos frente a una farsa, en clara violación de los principios del estado de derecho. Vamos a pedir la nulidad del operativo. Yo abrí la puerta (del departamento). Puse a disposición el domicilio para que sea revisado. Voy a denunciar penalmente al juez”, dijo Beraldi. La expresidenta no se encuentra en su vivienda ya que pasó la noche en la casa de su hija Florencia.

Fernández, de la corriente de centro-izquierda peronista y quien sucedió a su esposo Néstor Kirchner en la presidencia en 2007, es la persona de más alto rango involucrada en el escándalo conocido como “los cuadernos de la corrupción”, que indaga presuntos sobornos de importantes empresarios entre 2005 y 2015 para obtener contratos de obra pública. Según los cálculos iniciales, la trama de sobornos podría alcanzar a los 160 millones de dólares.

Inspección en un convento

Paralelamente, la Policía realizó una inspección ocular en un convento de monjas a las afueras de Buenos Aires, donde en 2016 el ex viceministro de Obras Públicas José López fue capturado in fraganti cuando intentaba ocultar allí bolsos con ocho millones de dólares en efectivo.

López, detenido desde entonces y en pleno juicio oral por aquel episodio, ha comenzado a colaborar en la causa de los “cuadernos de la corrupción”.

 

57 universidades en pie de guerra contra el Gobierno en defensa de la educación pública y gratuita

Profesores y estudiantes de las 57 universidades públicas de Argentina denuncian desde hace días el “ajuste” en los salarios y en el presupuesto educativo, un reclamo por el que llevan tres semanas en huelga y convocaron una manifestación a escala nacional para el 30 de agosto.

El reclamo central de la comunidad educativa es el salario de los profesores, ya que consideran que el aumento del 15 % en tres tramos que les ofrece el Gobierno para este año es insuficiente teniendo en cuenta que se estima que la inflación se sitúe en torno al 32% en todo 2018 y que la moneda local se devaluó alrededor de un 60% en los últimos ocho meses.

Todos estos reclamos se han replicado en los últimos días en las redes sociales, donde cientos de graduados y estudiantes actuales compartieron sus experiencias personales en la universidad y pidieron que se garantice una educación pública de calidad.



 




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