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Los abusos en el Gobierno de Maduro, bajo la lupa de la Corte Penal Internacional


La Corte Penal Internacional quiere saber si las fuerzas del Estado cometieron abusos durante las protestas ocurridas el año pasado. El Ejecutivo lo rechaza

Más de 120 muertes se registraron el año pasado durante las protestas callejeras
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09/02/2018

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abrió ayer un examen preliminar a Venezuela por posibles abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles, donde supuestamente se maltrató a opositores. El Gobierno de Maduro rechazó la decisión.


 Según la información recopilada por la Fiscalía de la CPI, agentes de seguridad utilizaron “con frecuencia” una “fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones” y detuvieron y encarcelaron “a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes”.


Las protestas comenzaron cuando el Tribunal Supremo de Venezuela dejó sin competencias a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y sacaron a la calle a miles de personas en todo el país, sobre todo en Caracas.


El segundo punto importante del examen se refiere al trato recibido por los detenidos después de las manifestaciones, pues, según la Fiscalía, algunos de ellos fueron “presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato”.


El foco principal de la evaluación se centra en los hechos ocurridos desde abril de 2017, pero no se descarta hacer indagaciones sobre sucesos violentos anteriores, dijeron fuentes del tribunal.


La CPI es una instancia judicial de último recurso y se rige por el principio de complementariedad; es decir, no intervendría si la justicia venezolana llevara a cabo genuinas indagaciones sobre los hechos investigados.


 El paso dado ayer por la Fiscalía del CPI tiene como origen los datos enviados a La Haya por diversas fuentes, aunque la fiscal Fatou Bensouda se reserva el derecho a utilizar informes adicionales que podría recibir en el transcurso de sus pesquisas.


Rechazo
Venezuela rechazó la decisión de la CPI de iniciar exámenes preliminares por “presuntos crímenes” en el país.  “Venezuela rechaza de manera firme y categórica la apertura de un examen (...). Venezuela es un Estado democrático y social, de derecho y de justicia, que otorga preeminencia a los derechos humanos”, señala un comunicado de la Cancillería.  


Sin embargo, el Ministerio de Exteriores aseguró que el Gobierno de Nicolás Maduro brindará “plena contribución para que se diluciden los hechos”.  


“El pueblo venezolano fue víctima de alteraciones del orden público organizadas (...) por sectores de la oposición extremistas y antidemocráticas, con la finalidad de derrocar el Gobierno”, acota el comunicado de la Cancillería.  


Venezuela lamentó que Bensouda no contactara al Estado venezolano antes de difundir el comunicado, “alterando” el debido proceso. Más temprano, el fiscal general, Tarek William Saab, restó validez a la decisión.


Control fronterizo
Por otro lado, Colombia anunció ayer nuevos controles migratorios y de seguridad en la frontera con Venezuela ante la oleada de migrantes que han llegado en los últimos meses huyendo de la crisis en su país.



 




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