250.000 salvadoreños serán deportados de EEUU

El Gobierno de Estados Unidos decidió ayer cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a más de 250.000 salvadoreños, pero les dará un periodo de 18 meses, hasta septiembre de 2019, para que abandonen el país o busquen una vía alternativa de regularización, informó ayer un alto funcionario.

Se trata de otra vuelta de tuerca en la política antiinmigrantes que impulsa el Gobierno de Donald Trump bajo el argumento de la seguridad y la protección del trabajo de los estadounidenses.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justifica la decisión en que “ya no existen las condiciones originales causadas” por los devastadores terremotos de 2001 en El Salvador, la razón por la que se otorgó esta protección a un total de 263.282 salvadoreños hasta finales de 2016, según datos oficiales facilitados a EFE.

Preguntado por si se han considerado los altos niveles de violencia en el país centroamericano a la hora de tomar la decisión, la razón que alegaban los activistas para pedir su prórroga, el alto funcionario subrayó que sólo se han tenido en cuenta los aspectos por los que se concedió el TPS y ningún otro.

El portavoz insistió en que el periodo de 18 meses permitirá a los afectados “preparar su partida” a su país de origen o buscar otra manera de quedarse en Estados Unidos de manera legal.

Sin tregua

El Gobierno de El Salvador, la comunidad salvadoreña en Estados Unidos y activistas proinmigrantes venían batallando sin descanso en los últimos meses para el mantenimiento del TPS o al menos para su prórroga por seis meses, como el Gobierno hizo con el programa para los hondureños.

Sin embargo, el Ejecutivo de Donald Trump ha decidido aplicar su marcada línea dura migratoria y terminar con el programa para los salvadoreños, tras haber hecho lo mismo con el beneficio para los nicaragüenses y los haitianos.

EEUU decidió conceder esta protección a los salvadoreños que estaban en el país en febrero de 2001 tras los devastadores terremotos que sufrió ese año, pero la medida dio protección migratoria a otros nacionales que habían llegado décadas antes (en los años 80 y 90) huyendo de la guerra civil y sus consecuencias.

Bajo la Presidencia del republicano George H.W. Bush (1989-1993), el Congreso de EEUU estableció un procedimiento que permite al Gobierno otorgar, de manera extraordinaria, un permiso temporal de residencia y trabajo a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos, epidemias o desastres naturales: el TPS.

Ese permiso no abría ninguna vía para la residencia permanente ni ningún otro estatus de regulación migratoria, por eso, con la decisión de la administración estadounidense de Donald Trump de no prorrogarlo, sus beneficiarios tendrán que regresar a su país de origen o enfrentarse a la deportación si se quedan como indocumentados.

El argumento de los defensores de mantener el TPS 17 años después de los terremotos por los que fue otorgado es que las condiciones en El Salvador, con alta pobreza y criminalidad, no han mejorado sustancialmente para que sus emigrantes en Estados Unidos regresen.

Pero además, recuerdan que más del 51% de los salvadoreños con TPS han vivido en Estados Unidos durante al menos 20 años, según el Centro para los Estudios sobre la Migración. 

El permiso expira el 9 de marzo, por lo que el Gobierno tenía hasta la medianoche de ayer para anunciar su decisión.
Además de los centroamericanos, los migrantes musulmanes también son blanco de las políticas de Trump para frenar el ingreso a EEUU.

Separarse de sus familias, lo que más duele

Separarse de sus familias y dejar atrás una vida construida tras años de duro trabajo son los mayores temores de los salvadoreños bajo riesgo de deportación, tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de poner fin al TPS, que los amparaba desde 2001.

Estos son los testimonios de una madre, un padre y un hijo cuyas vidas pueden cambiar radicalmente a partir de septiembre de 2019, plazo máximo para que casi 250.000 salvadoreños abandonen Estados Unidos si no tienen otra manera de conseguir los documentos que los habiliten a permanecer en el país.

Minda Hernández, oriunda de San Miguel (este de El Salvador), trabaja desde hace nueve años limpiando por las noches un centro comercial en Long Island, a 58 km de Manhattan. “Mi hermana me llamó para contarme que habían quitado el TPS. Yo venía en el tren. Sentí que todo se me derrumbó por dentro. Lo primero en que pensé fue qué hago con mi hijo adolescente”, cuenta a la AFP esta mujer, de 48 años, entrevistada en las oficinas de la Coalición para la Inmigración de Nueva York, que los defiende.