Tras la declaración del estado de excepción en todo el territorio nacional, el Gobierno salió este sábado a defender la medida y sostuvo que su principal objetivo es recuperar la normalidad y garantizar derechos fundamentales que, según las autoridades, se han visto afectados por los prolongados bloqueos y conflictos sociales.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, afirmó que el Decreto Supremo N.º 5636 responde a una situación que ya impacta directamente en la vida cotidiana de millones de bolivianos y remarcó que la decisión fue asumida después de varios intentos de diálogo con los sectores movilizados.
“Durante semanas se ha privilegiado el diálogo. Se han escuchado demandas, se han buscado acuerdos y se han abierto espacios de solución. Pero también hay una obligación que el Estado no puede abandonar: proteger a la gente”, manifestó la autoridad.
Justiniano señaló que el Gobierno tiene la responsabilidad de garantizar el acceso de la población a servicios esenciales, alimentos, medicamentos y combustibles, además de resguardar el derecho al trabajo, la educación y la libre circulación.
Según la autoridad, la medida no está dirigida contra la protesta pacífica ni contra los sectores que mantienen demandas legítimas, sino contra las acciones que, a criterio del Ejecutivo, afectan derechos colectivos mediante bloqueos de carreteras, interrupción de servicios y actos de violencia.
“La protesta pacífica sí, el diálogo siempre; la violencia, la coacción y el bloqueo de servicios esenciales, no”, enfatizó el ministro.
El estado de excepción fue decretado la madrugada de este sábado, luego de 51 días de conflicto social y 46 jornadas de bloqueos de carreteras registrados en diferentes regiones del país. El Gobierno argumentó que la medida busca restablecer el abastecimiento de bienes esenciales y garantizar el tránsito de personas y mercancías.
Entre las principales disposiciones se establece la prohibición de bloqueos en calles, avenidas, caminos y carreteras que afecten la circulación y el suministro de productos básicos. Asimismo, queda prohibido portar armas, explosivos, sustancias inflamables, miguelitos y combustible en envases no autorizados durante movilizaciones o concentraciones.
El decreto también contempla restricciones temporales a la venta de bebidas alcohólicas en zonas donde se registren hechos de violencia y permite ajustes operativos en determinados servicios cuando existan riesgos para el traslado de personas o valores.
Justiniano insistió en que la medida será aplicada dentro del marco constitucional y aseguró que no pretende castigar a ningún sector, sino garantizar la seguridad y tranquilidad de la población.
“Como Gobierno tenemos la responsabilidad de actuar con firmeza, pero también con prudencia; con autoridad, pero también con respeto; con decisión, pero dentro de la Constitución y la ley”, sostuvo.
Mientras tanto, el Ejecutivo mantiene abiertas las puertas al diálogo con los sectores que decidan participar en la búsqueda de soluciones, aunque advirtió que no permitirá que los bloqueos y las acciones de presión continúen afectando el funcionamiento normal del país.