Mientras la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana se Bolivia (Cteub) declaró la emergencia del magisterio por la emisión del decreto 5654, las autoridades de Gobierno manifestaron que fue un “pedido” de los propios maestros el eliminar la retención de los aportes sindicales.
“Esta ofensiva se profundiza con el Decreto Supremo N.º 5654, que elimina los aportes sindicales por planilla, una medida destinada a debilitar la organización, la independencia y la capacidad de lucha de los trabajadores para facilitar la imposición de reformas neoliberales”, señala el comunicado de la dirigencia de los maestros.
La noche del lunes se conoció la emisión del decreto 5654 que en la práctica anula al Estado como agente de retención de los aportes sindicales vigentes desde agosto de 1995 y que fueron revalidados a través de los años con otros siete decretos.
Así se anularon los decretos 24097, de 25 de agosto de 1995; 24949, de 4 de febrero de 1998; 25948, de 20 de octubre de 2000; 26009, de 1 de diciembre de 2000; 27282, de 12 de diciembre de 2003; 28338, de 12 de septiembre de 2005; finalmente el 0106, de 1 de mayo de 2009 que eran los que fijaban los descuentos por planilla y esos dineros, recaudados por el Tesoro General de la Nación (TGN), pasaban a ser administrados por las dirigencias del magisterio urbano y rural.
Según la nueva secretaria ejecutiva del magisterio de La Paz, Anahí Bozo, cada mes se recaudaba Bs 600 mil aproximadamente, lo que significa que al año se lograba Bs 7,2 millones.
“Rechazamos esta situación y lo vemos como una medida que intenta silenciar la voz de los trabajadores, nosotros como magisterio paceño tenemos un movimiento económico de los aportes de cerca de 600.000 bolivianos al mes, obviamente la mayor parte de esto iba destinado al llamado presente navideño que es una devolución de esos aportes”, dijo la ejecutiva sindical.
El ministro de Trabajo, William Bascopé, justificó la medida y dijo que fue un pedido de los propios maestros que reclamaban la rendición de cuentas que no se realizaba y aseguró que deben ser los entes sindicales los que definan cómo aportarán sus integrantes, pero el Estado no puede ser agente recaudador.
“Eso fue un pedido de sus mismos afiliados y bases, inclusive en los acuerdos (de mayo-junio) se ha quedado en que el aporte que ellos hacen, ahora tienen que verlo directamente con sus mismos sindicatos y su dirigencia y no con el Estado, ellos mismos reclamaron que el Estado no debe inmiscuirse en aquello, se respeta la libertad sindical, se respeta su derecho a la protesta”, dijo la autoridad.