Evo oficializa un crédito de $us 400 millones para campesinos del país

El movimiento campesino indígena originario del país festejo a lo grande el Día de la Revolución Agraria Productiva Comunitaria. Lo hizo en el municipio cruceño de Yapacaní, bastión del partido oficialista, donde llegó el presidente Evo Morales y su gabinete de ministros para anunciar un paquete de cinco decretos y proyectos de ley para fomentar el desarrollo agropecuario y mejorar la economía de los productores de las organizaciones que integran el Pacto de Unidad.

El anuncio de las normas tuvo lugar en el estadio 12 de Octubre del municipio de Yapacaní. Allí, después de repasar acontecimientos históricos y realzar la lucha del movimiento originario campesino, el jefe de Estado reveló el decreto más importante para reivindicar a este sector. Anunció un monto de $us 400 millones para créditos productivos, con un fondo de garantía de $us 20 millones para comunidades indígenas originarias, campesinas, interculturales y afrobolivianas reconocidas como Organizaciones Económicas Comunitarias (Oecom).

Este decreto, que facilita el acceso a préstamo, permite respaldar el 50% del crédito con fondos de garantía y el otro 50% se respalda con la producción y otras garantías no convencionales del prestatario. Lo administrará el BDP y de las condiciones de tasas de interés, se informó, serán las mismas que rigen para los créditos productivos en el sistema financiero privado.

Otro de los decretos hace referencia a la ampliación permanente del programa Nuestro Pozo. Ahora no solo se intervendrá en casos de emergencia como era hasta hoy, sino que se trabajará directamente con las comunidades, con contraparte del 10 al 20%, dependiendo de la cantidad de afiliados de la comunidad.

Asimismo, se hizo público el decreto que viabiliza compras estatales para las Oecom. Para los tres niveles de Gobierno -nacional, departamental y municipal- se autoriza la contratación directa de productos agropecuarios por valor de Bs 1 millón.

Las otras normas promulgadas están relacionadas con el control de contrabando de productos agropecuarios en el país y la desmovilización parcial de la provincia Abel Iturralde, de La Paz. Se levanta de manera excepcional las prohibiciones de uso de tierras para fines agropecuarios del predio ex-Proinsa, en San Buenaventura, y parte de Ixiamas.

En el tema del abigeato, se endurece la pena de tres a seis años de cárcel para aquellas personas que cometan este delito y se activa una disposición que regula la quema involuntaria de bosques para los pequeños productores de las Oecom.

Otras normas, no menos relevantes, tienen que ver con la eliminación del NIT como requisito para las organizaciones campesinas originarias en la apertura de cuentas, DPF y caja de ahorro, y en el marco del acuerdo con el Pacto de Unidad se autoriza a los municipios el uso de Bs 1,5 millones de los recursos del Fondo de Desarrollo Indígena para compra de maquinaria.

Líderes de las organizaciones originarias y campesinas, por separado, saludaron las normas y coincidieron en que con las normativas se viene una revolución productiva, con economía comunitaria, para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria.

Reacciones sectoriales

Desde la Cámara Agropecuaria del Oriente, su gerente general, Edilberto Osinaga, cree que toda iniciativa que lleve a fortalecer la producción es buena. No obstante, a su juicio, para un mayor impacto en la cadena productiva debe facilitarse el acceso a semillas de última generación, tecnificación y libertad para exportar.