Miércoles 27, de agosto del 2014
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 Edición Impresa 27 Agosto 2014  
 
Transparencia electoral



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U no de los presupuestos fundamentales de cualquier democracia moderna es la transparencia, particularmente en la organización de sus procesos electorales. Este valor solo puede ser garantizado por un árbitro que sea imparcial e independiente para llevar a cabo unas elecciones en igualdad de condiciones para todos los actores. Después de varios tropiezos en las últimas décadas, el proceso democrático boliviano se ha caracterizado por contar con cortes electorales que lograron ofrecer a la sociedad boliviana esa tranquilidad necesaria para asistir a las urnas bajo el manto de la confianza y no del temor a un fraude electoral que debilite o, en el peor escenario, fracture la constitucionalidad de los elegidos. En el mismo rango jerárquico constitucional que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, desde junio de 2010, la entidad encargada de garantizar el debido proceso en las elecciones nacionales, departamentales y locales es el Órgano Electoral Plurinacional, que está conformado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los Tribunales Electorales Departamentales (TED).

Los cuatro órganos del Estado Plurinacional se relacionan entre sí sobre la base de la independencia, la separación de poderes, la coordinación y la cooperación. Es decir, ninguno depende del otro para llevar a cabo sus objetivos fundamentales. En los últimos meses, la confianza en el TSE se ha visto peligrosamente minada por denuncias que señalan una supuesta dependencia respecto de los objetivos políticos del poder de turno. En particular, por la abierta campaña que el Ejecutivo viene realizando a través de la publicidad de obras públicas a pocas semanas de las elecciones presidenciales del 12 de octubre y que no ha merecido ningún tipo de observación y menos de sanción.

Naciones Unidas, a través de su representante residente, ha dicho con claridad que el TSE tiene la obligación de garantizar transparencia e independencia respecto de todos los actores políticos involucrados en el proceso. En la misma línea, la Iglesia católica ha denunciado que el Gobierno está utilizando los recursos públicos de forma indiscriminada para prolongarse en el poder.

Los principales afectados de estas contravenciones y abusos de poder son los ciudadanos, que están recibiendo mensajes distorsionados que afectan la necesaria información con la que deben contar para tomar una decisión cuando vayan a las urnas. Ojalá que en las próximas semanas se adopten medidas claras y concretas para frenar estos desajustes que solo aumentan las dudas en el actual proceso electoral



Consejo Editorial: Pedro F. Rivero Jordán, Juan Carlos Rivero Jordán, Tuffí Aré Vázquez, Lupe Cajías, Agustín Saavedra Weise y Percy Áñez Rivero