Juan Lanchipa, el fiscal acusado de ser funcional a tres presidentes, se va en 2024

El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, criticado por ‘evistas’, opositores y analistas de ser funcional a los gobiernos de Evo Morales, Jeanine Áñez y Luis Arce, termina su gestión en octubre del próximo año y la Asamblea Legislativa tendrá la tarea de elegir a su reemplazante en un escenario complicado.

El ‘arcismo’ lo defiende. Este medio transmitió el tenor de las opiniones y  le pidió contraparte, pero él optó por no manifestarse.

El diputado arcista Juan José Jáuregui, admitió que Lanchipa tuvo temor para iniciar procesos contra fiscales departamentales involucrados en corrupción, y que fue “funcional, pero solamente a la Constitución y a las leyes. Hace una gestión sobria y seria”.

El abogado constitucionalista Gustavo Mendoza Orozco consideró que la labor del Fiscal General del Estado deja muchos “sinsabores, porque estuvo parcializado con quien detentó el poder. Su naturaleza, como una instancia extrapoder, como también ocurre con el Defensor del Pueblo, exige que el Ministerio Público se mantenga independiente y pueda fiscalizar a los órganos tradicionales porque justamente estos son los proclives a abusar del poder”.

Por su parte, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, manifestó que el fiscal general es parte “de esas cúpulas de poder que han llevado al desastre en el que se encuentra actualmente el sistema de justicia”.

Complementó que Lanchipa “tuvo una gestión desastrosa porque siempre fue sumiso al poder de turno, con Evo Morales, con la presidente Jeanine Áñez y ahora con el Gobierno de Luis Arce. Siempre tuvo una inclinación política obvia y evidente. No hay que olvidarse de que estos operadores están impregnados por la guerra interna del MAS, así que eso ha permeado a este fiscal general, como al Tribunal Supremo Electoral  y a varias instituciones de garantía totalmente destruidas en su base de fortaleza e institucionalidad porque se encuentran en medio de esta pugna mezquina”.

Su colega de Creemos, María René Álvarez, coincidió en que la gestión del “señor Fiscal general es totalmente cuestionable, evidentemente en su función lo hizo de manera selectiva bajo la dirección del gobierno de turno. Pasó con los tres últimos gobiernos, lo que muestra que manejó una institución que no trabajó con independencia, como debería, y que él está sometido a cumplir las órdenes que recibe del Ejecutivo”.

Alarcón y Álvarez consideran que uno de los actos más controversiales del fiscal general fue el relacionado con el proceso en contra de la exmandataria Áñez.

En 2021, ante una comisión de la Asamblea, no llegó a decir que la gestión de Áñez fue constitucional, pero se refirió a ella como de “transición” y no la mencionó como presidente de facto.

Consecuentemente, en primera instancia, el 20 de agosto de 2021 presentó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la proposición acusatoria contra Áñez por las denominadas masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) ocurridas el 2019.

Afirmó que los dos hechos son calificados como delitos de genocidio, lesiones graves, leves y lesiones seguidas de muerte. “La proposición acusatoria presentada por los hechos que provocaron la muerte de 20 personas y decenas de heridos se funda en un proceso transparente de recolección de antecedentes (…) solicitando que dicha instancia remita tal información a la Asamblea Legislativa para la aprobación del juzgamiento”, acotó.

Lo hizo un par de días después de que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) calificara como ‘masacres’ ambos hechos.

Pero este año, contradictoriamente, el Ministerio Público presentó la acusación para juzgar a la exautoridad por ambos episodios por la vía ordinaria y no en un juicio de privilegio.

El 30 de octubre, el Tribunal de Sentencia Cuarto de la ciudad de El Alto declinó su competencia para juzgarla en el caso Senkata. Poco después el Tribunal de Sentencia primero de Sacaba se declaró también incompetente en procesarla por esa vía en el caso Sacaba. Ante eso, “de forma contradictoria”, expusieron Alarcón y Álvarez, Lanchipa se olvidó de su posición de 2021 y “con absoluto servilismo”, señala Álvarez, hoy se empeña en la vía ordinaria.

En noviembre precisó que la declaratoria de incompetencia de ambos juzgados se realizó en absoluta “inobservancia”, de las reglas procesales y los antecedentes. “El análisis sobre la competencia jurisdiccional para el conocimiento y procesamiento de este caso ha recorrido todo el sistema de impugnación judicial, adquiriendo, de esta manera, la condición de cosa juzgada material”.  De esta forma, insiste en procesar a una expresidente de forma inconstitucional, según los asambleístas opositores.

El senador ‘evista’, William Tórrez también sentenció en la evaluación que es un fiscal general “completamente funcional a los tres gobiernos que pasaron durante su gestión”, aseveró.

Lanchipa siempre estuvo relacionado con el Gobierno de Evo Morales, porque formó parte de él. En su trayectoria profesional fue juez, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, como magistrado del Tribunal Constitucional.

Sin embargo, del 31 de octubre de 2011 a la misma fecha de 2013 ejerció el cargo político de Director de Reivindicación Marítima (Diremar), que entonces tenía una importancia crucial por el juicio que Bolivia llevó adelante contra Chile por el tema marítimo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

“Tenemos claro que él fue promovido a fiscal general por el exministro de Justicia (y actual embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos, OEA), Héctor Arce Zaconeta. Muchos inclusive dicen que son parientes, yo no conozco cuál es el grado de cercanía por ese lado”.

Tórrez complementó que durante el “golpe de Estado, el mismo 10 de noviembre (de 2019), y antes de nada, ordenó la aprehensión de vocales del Tribunal Supremo Electoral, de vocales de los tribunales departamentales y que no tuvieron ningún resultado bueno, sino un sometimiento en este caso al gobierno de la presidente de facto, Jeanine Áñez. Fue el brazo operativo de persecución de ciudadanos contrarios a su régimen”.

En ese caso, fue Evo Morales quien pidió el 9 de noviembre, que se procese a todos ellos por el fraude de las elecciones de 2019. Cuando el MAS volvió al poder en 2020, todos salieron liberados.

Tórrez recordó que en la gestión de Arce, Lanchipa no ha hecho nada con casos de corrupción como los que se presentaron en contra del fiscal cruceño Róger Mariaca.

También mencionó el caso de la coima a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), supuestamente pagada por la empresa Chec para la construcción de la carretera Sucre-Yamparáez.

“El directo involucrado era el director de la ABC, Henry Nina y empresarios chinos fueron implicados. El denunciante fue el diputado Héctor Arce. El testigo clave fue presuntamente asesinado en EEUU y el Ministerio Público cerró el caso”.