Bolivia lleva las de perder con la corrupción
Transparencia Internacional (TI) es una organización internacional no gubernamental, no partidista, y sin fines de lucro, que combate la corrupción a escala nacional e internacional. Desde su fundación, hace 30 años, ha sido reconocida ampliamente por colocar la lucha anticorrupción en la agenda global. Según el ranking de TI divulgado recientemente y que corresponde a la gestión 2022, Bolivia figura entre los ocho países más corruptos de América Latina manteniendo los niveles de corrupción de los últimos 16 años. Una nada decorosa clasificación, por cierto, aunque el régimen gobernante asegura que libra una lucha frontal contra este flagelo universal pero sus resultados no son lo suficientemente perceptibles y convincentes.
El estudio deja en evidencia que la mayor parte del planeta sigue sin combatir de lleno la corrupción puesto que el 95% de los países solo ha conseguido avances “mínimos o nulos” desde 2017. Con excepción de Chile y Uruguay, y en menor medida Costa Rica, la mayoría de los países del continente está por debajo de los 40 puntos en una escala de 100. “En Latinoamérica estamos mal, muchos países están en una situación de estancamiento”, lamentó Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional.
En el caso de Bolivia, los más de tres lustros tomados como referencia en la evaluación de TI, coincidentemente corresponden al tiempo que lleva el masismo con las riendas del poder. Durante 14 años bajo la gestión que Evo Morales inició en 2006 y los dos últimos a cargo de Luis Arce, que fue ministro de Economía del caudillo cocalero. El más grande y emblemático caso de corrupción registrado en el prolongado Gobierno de Morales fue el del Fondo Indígena (Fondioc) que destinó millonarios recursos a proyectos de desarrollo que debían beneficiar a organizaciones sindicales y campesinas.
En realidad se trató de la ‘ejecución’ de 49 obras fantasmas y de una serie de emprendimientos observados por los que se giraron cuantiosas partidas de dinero de las arcas públicas y que fueron a parar a cuentas privadas y bolsillos de inescrupulosos jerarcas y referentes del ‘instrumento político’. Marco Aramayo era director del Fondioc. Murió en abril de 2022 abrumado por… ¡256 procesos! abiertos en su contra y tras permanecer privado de libertad en 56 cárceles donde se lo hizo víctima de torturas y vejámenes. Su ‘delito’ fue investigar a dónde habían ido a parar los millones del Fondo Indígena mientras los presuntos responsables del desfalco monumental están libres de polvo y paja. El caso Fondioc, entre otros, permite ilustrar el alto grado de corrupción alcanzado en Bolivia, donde no existe el antídoto eficaz para combatir un mal equiparable con un cáncer que ha hecho metástasis en las estructuras del Estado y con mayor penetración en la administración pública.
El diagnóstico de TI incluye unas consideraciones inquietantes sobre los gobiernos que se ven asediados por la corrupción y carecen de capacidad para proteger a sus ciudadanos y en ese contexto, el descontento público tiene más probabilidades de transformarse en violencia. No es simple coincidencia que los países con puntuaciones más bajas en el índice de paz también registren calificaciones parecidas en el que corresponde a la corrupción.
Sin suerte de solución, en Bolivia el mal se acentúa y extiende irrefrenable con múltiples y nocivos efectos. Y es cuando el compromiso gobernante para erradicar de raíz la corrupción, parece suscrito sobre papel mojado.
