La propuesta de nacionalizar los vehículos indocumentados volvió a encontrar resistencia en el transporte sindicalizado. El secretario ejecutivo del Transporte Federado de Cochabamba, José Orellana, afirmó que legalizar los denominados "autos chutos" sería una medida "inoportuna" porque aumentaría la presión sobre un sistema de abastecimiento de combustibles que ya enfrenta dificultades.
"La oposición no es de ahora, sino desde hace mucho tiempo. No se puede legalizar algo que es ilegal", sostuvo el dirigente durante una entrevista con ATB, al ratificar el rechazo del transporte organizado a un proyecto que, según dijo, ya fue planteado en anteriores oportunidades por distintos actores políticos.
Orellana advirtió que una eventual regularización incorporaría miles de vehículos al parque automotor nacional, concentrándose principalmente en los ejes de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, lo que incrementaría la demanda de gasolina y diésel en un contexto de escasez.
"Estamos en las puertas de una crisis energética. Hoy sufrimos desabastecimiento de gasolina y también se avecina un problema para los vehículos que funcionan con gas natural. Este es el peor momento para pensar en nacionalizar los autos chutos", afirmó.
El dirigente recordó que anteriores procesos de regularización fueron presentados como excepcionales; sin embargo, aseguró que el ingreso ilegal de vehículos continuó y que el reciente debate legislativo incluso habría incentivado esta actividad.
Combustible
La preocupación del transporte no se limita a la propuesta de nacionalización. Orellana aseguró que las filas en las estaciones de servicio continúan y, en algunos casos, incluso se han incrementado, pese a los anuncios oficiales de una normalización gradual del suministro.
Ante esta situación, la Confederación del Transporte Pesado otorgó un plazo de 48 horas para que el Gobierno convoque a una reunión con los dirigentes nacionales y explique las causas del desabastecimiento.
"Nos dijeron que el problema se iba a resolver paulatinamente, pero el fin de semana no ocurrió. Las filas siguen y en algunos lugares han crecido. Necesitamos una explicación seria sobre qué está pasando con la importación de combustibles", señaló.
El dirigente cuestionó que la escasez persista pese a la eliminación de la subvención a los carburantes y pidió al Ejecutivo transparentar la situación del abastecimiento.
Piden acciones ante la crisis energética
Orellana también expresó preocupación por las proyecciones oficiales sobre la disponibilidad de gas natural en el país y sostuvo que Bolivia enfrenta un problema estructural que requiere medidas de fondo.
Según indicó, el Gobierno y la Asamblea Legislativa deben priorizar la aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos que incentive inversiones para la exploración y explotación de nuevos yacimientos.
"No podemos seguir únicamente lamentándonos por lo que ocurrió en los últimos años. Hay que pasar a las acciones y abrir las puertas a las inversiones que garanticen nuevas reservas de gas y petróleo", afirmó.
Secuelas de los bloqueos
El dirigente recordó que el sector aún no logra recuperarse de las pérdidas ocasionadas por los más de 50 días de bloqueos registrados entre mayo y junio, que paralizaron gran parte del transporte de carga y pasajeros.
"Apenas pensábamos que había terminado esa pesadilla, ahora enfrentamos otra preocupación con la falta de combustible", sostuvo.
Además del desabastecimiento de carburantes, el transporte denunció el incremento en el precio de los repuestos y advirtió que ambos factores elevan los costos operativos del sector, por lo que espera una respuesta del Gobierno en las próximas 48 horas.