El modelo 50-50, una de las principales propuestas impulsadas por el presidente Rodrigo Paz, busca modificar la estructura del Estado boliviano mediante una redistribución equitativa de los recursos públicos entre el Gobierno central y las entidades subnacionales. No obstante, el alcance de la iniciativa va más allá del aspecto económico: plantea transferir competencias y responsabilidades a gobernaciones, alcaldías y universidades públicas con el objetivo de profundizar el proceso autonómico.
"Esto no es un problema de recursos, es un tema de fondo, es transformar la estructura de un Estado que se ha trancado", sostuvo el mandatario al explicar la propuesta, que considera una reforma estructural del sistema de autonomías.
Actualmente, el nivel central administra entre el 80% y el 88% de los recursos públicos, mientras que gobernaciones y municipios dependen en gran medida de las transferencias nacionales para financiar sus servicios.
La propuesta del Ejecutivo busca revertir ese esquema para que el 50% de los recursos nacionales sea administrado por las regiones. De ese porcentaje, el 25% sería destinado a alcaldías y pueblos indígenas, el 20% a las gobernaciones y el 5% a las universidades públicas, mientras que la otra mitad permanecería bajo control del Gobierno central.
Más autonomía y nuevas competencias
El Gobierno sostiene que la redistribución de recursos debe ir acompañada de una descentralización de funciones. En ese sentido, el modelo plantea que municipios y gobernaciones asuman directamente la gestión de áreas como salud, educación e infraestructura vial, además de fortalecer su autonomía financiera mediante una mejor administración de tributos, mercados y empresas públicas.
Según Paz, el objetivo es superar el denominado "Estado tranca", una estructura que, a su juicio, concentra excesivamente las decisiones en el nivel central y limita la capacidad de respuesta de las regiones.
"Lo que se requiere es generar una nueva institucionalidad eficiente para atender las necesidades de la gente", afirmó el presidente.
El Gobierno busca consenso con las regiones
Tras las elecciones subnacionales, el Ejecutivo inició una etapa de socialización del modelo con las nuevas autoridades departamentales y municipales.
Como parte de ese proceso, Rodrigo Paz anunció reuniones técnicas con alcaldes y gobernadores para explicar el contenido de la reforma y construir, de manera consensuada, el paquete de leyes que hará posible su implementación.
En paralelo, gobernadores de La Paz, Santa Cruz, Tarija, Beni, Chuquisaca, Oruro y un representante de Pando acordaron plantear al Gobierno una reforma de la Ley Marco de Autonomías que incorpore gradualmente el modelo 50-50 y la transferencia de competencias.
El siguiente paso será una reunión entre el presidente y los nueve gobernadores del país en Sucre, donde ambas partes intercambiarán propuestas para definir la hoja de ruta de la reforma.
El Gobierno sostiene que el proceso debe construirse mediante acuerdos políticos y técnicos, ya que la redistribución no consiste únicamente en asignar mayores recursos, sino también en redefinir las responsabilidades de cada nivel del Estado.
Las observaciones al proyecto
Pese al respaldo que ha recibido de varias autoridades regionales, la propuesta también enfrenta cuestionamientos sobre su viabilidad.
Uno de los principales reparos apunta a que la reforma no puede aplicarse de forma inmediata, debido a que requiere modificar la Ley Marco de Autonomías, normas fiscales y el régimen de distribución de competencias.
La ex viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, advirtió que un cambio de esa magnitud podría tardar hasta una década, al considerar que implica una transformación institucional compleja. Sus declaraciones generaron críticas dentro del propio Gobierno y terminaron con su salida del cargo.
Otro de los cuestionamientos se refiere a la capacidad de los gobiernos subnacionales para administrar nuevas competencias. Algunas autoridades electas plantearon que, antes de transferir mayores responsabilidades, debe evaluarse si municipios y gobernaciones cuentan con la capacidad técnica, administrativa y financiera para hacerse cargo de servicios como salud y educación.
También existe preocupación por las diferencias económicas entre departamentos. Analistas advierten que regiones con mayor capacidad de generación de ingresos podrían ampliar la brecha respecto a aquellas con menor desarrollo económico, por lo que consideran necesario establecer mecanismos de compensación que garanticen un desarrollo equilibrado.
A ello se suma el desafío de fortalecer los mecanismos de fiscalización. Diversos especialistas sostienen que una mayor descentralización de recursos debe estar acompañada por controles más estrictos de la Contraloría y sistemas de transparencia que reduzcan los riesgos de corrupción en las administraciones departamentales y municipales.
Mientras el Gobierno defiende el modelo como una reforma destinada a fortalecer las autonomías y acercar las decisiones a las regiones, el debate se centra ahora en la viabilidad política, jurídica y financiera de una transformación que modificaría la relación entre el nivel central y los gobiernos subnacionales por primera vez desde la implementación del régimen autonómico en Bolivia.