El Gobierno dio por concluida una primera etapa de estabilización económica y anunció que durante 2026 prevé inyectar al menos $us 3.000 millones provenientes de organismos multilaterales para avanzar hacia una segunda fase basada en la reactivación productiva, la atracción de inversiones y la aprobación de nuevas leyes económicas.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, afirmó que el programa aplicado desde noviembre de 2025 está dando resultados, pese al impacto de la crisis social y los bloqueos que paralizaron durante 53 días distintas regiones del país.
“Los resultados hoy día validan lo que habíamos planteado desde el inicio”, aseguró Espinoza durante una extensa conferencia en la que enumeró más de una veintena de medidas económicas adoptadas en los primeros ocho meses del gobierno de Rodrigo Paz.
Entre las próximas acciones, el ministro anunció que el Ejecutivo trabaja con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para concretar un paquete de financiamiento externo.
“Esto significa una inyección para la economía boliviana durante 2026 de recursos que por lo menos estará en los $us 3.000 millones y compromisos de hasta $us 5.000 millones, que podrían llegar incluso a más”, afirmó.
El anuncio se produce mientras Bolivia negocia con el FMI un posible programa financiero que podría alcanzar hasta $us 3.300 millones. Las conversaciones se concentran en un Servicio Ampliado del Fondo, mecanismo destinado a países que atraviesan desequilibrios estructurales y que generalmente establece metas fiscales, monetarias y cambiarias de mediano plazo.
Sin embargo, hasta ahora el organismo no informó oficialmente sobre un acuerdo aprobado, un cronograma de desembolsos o las condiciones que tendría el eventual programa. La información pública disponible en el portal del FMI todavía mantiene como último examen integral del país la consulta del Artículo IV concluida en mayo de 2025.
Compromisos
En enero, el BID y el Gobierno acordaron un paquete de hasta $us 4.500 millones para el periodo 2026-2028, destinado a estabilización económica, infraestructura, protección social, inversión privada, generación de empleos y movilización de capitales. El organismo señaló que el monto representa casi seis veces la asignación anterior para Bolivia.
El Banco Mundial aprobó, además, $us 200 millones para fortalecer el sistema de protección social y reducir el impacto de las reformas económicas sobre los hogares más vulnerables.
Estos recursos requieren de una validación previa del Legislativo, cuyos miembros cumplieron este viernes la primera de dos semanas de su receso “constitucional”.
Un plan en dos etapas
Espinoza presentó las medidas ejecutadas desde diciembre como parte de un plan diseñado antes de la posesión del nuevo Gobierno. Entre ellas mencionó la publicación de un tipo de cambio referencial, la modificación de los precios de los combustibles, el incremento del salario mínimo, la Renta Dignidad y el Bono Juancito Pinto.
También destacó la devolución gradual de depósitos en dólares, la eliminación del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), la restitución del 100% del crédito fiscal por la compra de combustibles, la reducción de aranceles, el alivio tributario y la flexibilización del régimen cambiario.
El ministro sostuvo que esas decisiones permitieron ordenar los mercados, recuperar la confianza externa, mejorar las calificaciones de riesgo y retornar al mercado internacional de capitales mediante la emisión de bonos soberanos por $us 1.000 millones.
El Gobierno considera que esa primera etapa creó las condiciones para avanzar ahora hacia el crecimiento, la producción, la generación de empleo y la diversificación económica.
Como parte de esa transición, Espinoza anunció que se preparan mecanismos para canalizar entre Bs 2.000 millones y Bs 2.500 millones hacia distintos sectores productivos. Los recursos serán colocados mediante créditos, fondos de garantía y otros productos financieros adaptados a los ciclos de cada actividad.
También adelantó un programa de readecuación financiera para gobernaciones y municipios que enfrentan problemas de liquidez, aunque su ejecución dependerá de la aprobación de la Asamblea Legislativa.
Ley de Inversiones será el “paraguas”
El segundo pilar de esta nueva etapa será la transformación de las normas económicas heredadas de los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Espinoza informó que el Ejecutivo ya tiene elaborada una nueva Ley de Inversiones, actualmente sometida a un proceso de socialización, y que espera remitirla al Legislativo en las próximas semanas.
“La Ley de Inversiones es el paraguas sobre el cual se van a asentar varias otras leyes: hidrocarburos, minería y demás”, explicó.
El Ejecutivo también trabaja en una nueva Ley de Hidrocarburos, además de normas sobre energías convencionales y energías verdes. El objetivo es generar condiciones para el retorno de empresas extranjeras y recuperar la inversión en exploración y explotación de recursos naturales.
El anuncio coincide con las conversaciones sostenidas con Petrobras para la reactivación de actividades de producción de petróleo y gas en Bolivia y para una eventual participación en la reestructuración de YPFB.
La apuesta gubernamental consiste en sustituir gradualmente el modelo estatista aplicado durante casi dos décadas por otro basado en capital privado, apertura de mercados, financiamiento multilateral y reducción de los costos de la formalidad.
“El Estado tiene que dejar de ser una tranca”, resumió Espinoza al defender la eliminación de impuestos y aranceles, así como la reducción del gasto corriente no esencial del Gobierno central.
Una parte decisiva del plan dependerá del Legislativo. Las leyes de Inversiones, Hidrocarburos y Minería, junto con los programas de alivio para las entidades subnacionales y algunos créditos externos, deberán pasar por una Asamblea que inició su receso sin tratar varias de las reformas consideradas prioritarias.