El sector empresarial expresó su preocupación por la posibilidad de que el Gobierno apruebe un decreto que obligue a las empresas privadas a diferir el cobro de los servicios básicos y prohíba el corte por falta de pago. Tanto la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) como la Cámara Nacional de Comercio (CNC) coincidieron en que, si bien es necesario aliviar la situación de las familias tras la reciente crisis política, las medidas no deben trasladar el costo al sector privado.
En un comunicado, la CEPB señaló que comparte la necesidad de adoptar acciones extraordinarias para apoyar a la población más afectada por los conflictos, pero sostuvo que estas deben aplicarse bajo criterios de equilibrio, responsabilidad y sostenibilidad.
La organización advirtió que una parte importante de los servicios básicos es administrada por empresas privadas y cooperativas, por lo que cualquier decisión que reduzca su flujo financiero puede afectar la calidad y continuidad de los servicios.
Asimismo, recordó que el sector privado ya enfrenta las consecuencias de una prolongada crisis económica y política, mientras mantiene la responsabilidad de preservar el empleo, aportar recursos al Estado y garantizar el abastecimiento de bienes y servicios.
Por ello, la CEPB pidió que las decisiones económicas sean consensuadas con todos los sectores y sustentadas en criterios técnicos, evitando medidas que beneficien a un grupo en detrimento de otro.
A ese pronunciamiento se sumó la Cámara Nacional de Comercio, que expresó su "firme rechazo" a la posibilidad de que el Gobierno obligue a las empresas privadas a financiar un diferimiento de pagos.
La entidad sostuvo que las empresas ya acumularon pérdidas superiores a 3.000 millones de dólares durante los 53 días de bloqueos y que continúan afrontando el pago de salarios, impuestos, créditos y obligaciones con proveedores.
Según la CNC, imponer un diferimiento obligatorio pondría en riesgo la liquidez de las compañías, la continuidad de los servicios y miles de fuentes de empleo.
"La recuperación económica no se construye debilitando al sector privado, sino fortaleciéndolo", señala el comunicado institucional difundido este lunes.
La Cámara también remarcó que las políticas de protección social son responsabilidad del Estado y no deben financiarse a costa de quienes generan empleo, inversión y crecimiento económico.
Los pronunciamientos surgen después de que autoridades del Gobierno anunciaran que analizan la implementación de un diferimiento en el pago de los servicios básicos como parte de un paquete de medidas destinadas a mitigar los efectos económicos derivados de los recientes conflictos políticos.
Ambos gremios empresariales manifestaron su disposición a participar en espacios de diálogo para buscar soluciones consensuadas que permitan proteger a la población sin comprometer la estabilidad del aparato productivo.