Cinco organizaciones empresariales de Cochabamba solicitaron al Gobierno suspender durante 180 días el incremento del precio del gas natural para las categorías industrial, comercial y productiva, al considerar que la medida podría encarecer los costos de producción, acelerar la inflación y comprometer la continuidad de las empresas y el empleo formal.
El pronunciamiento fue suscrito por la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), la Cámara de Industria, Comercio y Servicios (ICAM), la Asociación de Industrias Metalmecánicas (Asimet), la Gobernación de Cochabamba y la Brigada Parlamentaria Departamental. Las instituciones también pidieron que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) publique la resolución que respalda el ajuste, junto con la metodología de cálculo, el tipo de cambio aplicado, las categorías alcanzadas y la fecha efectiva de su implementación.
Las organizaciones propusieron, además, mantener temporalmente la facturación en bolivianos para las actividades orientadas al mercado interno, instalar una mesa técnica nacional en un plazo máximo de diez días y diseñar un esquema gradual que considere la intensidad energética, el tamaño de las empresas, la generación de empleo y el peso del gas dentro de la estructura de costos. A su juicio, la sostenibilidad del sistema energético debe ser compatible con la estabilidad de precios, el abastecimiento del mercado interno y la continuidad de la producción.
El pronunciamiento surge después de que empresarios de Cochabamba denunciaran un fuerte incremento en la tarifa del gas industrial. El presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Santiváñez, Rafael Delgadillo, afirmó que el precio por unidad de pies cúbicos pasó de Bs 6,91 a Bs 10,85, lo que representa un aumento superior al 50%. Según explicó, el ajuste responde al nuevo mecanismo de cálculo vinculado al tipo de cambio del dólar y comenzó a aplicarse sin una explicación técnica formal.
Delgadillo advirtió que el impacto alcanzará principalmente a industrias intensivas en el consumo de gas natural, como las cementeras, fábricas de cerámica, ladrilleras y empresas de minerales no metálicos, cuyos costos de producción se incrementarán de manera significativa. Incluso planteó que, en lugar de elevar las tarifas energéticas, el Gobierno debería concentrarse en reducir las pérdidas generadas por las empresas estatales deficitarias.
La preocupación también fue expresada por la Asociación de Ladrilleros Artesanales de La Paz. Su representante, Jovita Callisaya, confirmó que las nuevas facturas reflejan incrementos cercanos al 50%, equivalentes a unos Bs 5.000 adicionales por período de consumo. Advirtió que varias fábricas podrían verse obligadas a paralizar operaciones y que el aumento de los costos terminará afectando el empleo y el precio de los materiales de construcción.
Frente a ese escenario, las organizaciones empresariales solicitaron al Ministerio de Hidrocarburos, a la ANH y a YPFB abrir un proceso de diálogo técnico antes de consolidar la nueva estructura tarifaria. Consideran que cualquier modificación de esta magnitud debe aplicarse de forma gradual, con reglas claras y previsibilidad regulatoria, para evitar que el ajuste energético termine trasladándose a los consumidores mediante un nuevo incremento de los precios.