Los notarios de fe pública fueron capacitados para registrar los datos de los clientes e incluso verificar su autenticidad. En cada notaría habrá un responsable ante la UIF. Analistas destacan la medida

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30 de noviembre de 2018, 4:00 AM
30 de noviembre de 2018, 4:00 AM

Los notarios de fe pública estarán obligados a reportar a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), cualquier movimiento sospechoso en la compraventa de bienes inmuebles en territorio nacional desde el próximo año. El objetivo es investigar el origen de los recursos para realizar las transacciones mencionadas.

Teresa Morales, directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), dijo que todos los notarios de Bolivia están pasando a ser sujetos obligados de la entidad y van a tomar datos sobre compras y ventas de bienes inmuebles sujetos a registro.

La entidad fiscalizadora abrirá una suerte de ‘red de información’ donde se registrarán las compras y ventas de bienes inmuebles en todo el territorio nacional y permitirá identificar el dinero proveniente de actividades ilícitas, como el narcotráfico o el lavado de dinero, entre otras.

“Se está haciendo la capacitación a los notarios y desde enero comienzan a reportar a la UIF”, agregó la funcionaria. Para ello, firmaron acuerdos con la Dirección del Notariado Plurinacional.

Esa base de datos será encriptada y los notarios que incumplan la disposición serán pasivos a sanciones, advirtió. En ese sentido, Morales dijo que cada notario debe contratar un funcionario responsable de remitir esos datos a la UIF, como lo que sucede con las entidades financieras.

Deberán designar responsable

De acuerdo con el instructivo para notarios contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo, las notarías deberán contratar un funcionario(a) que reporte a la UIF o el notario responsable debe hacerse cargo, como sucede en las entidades financieras.

Luego de las t

ransacciones de compraventa de inmuebles las notarías deberán registrar en un formulario e identificar el origen y destino de los fondos.

Además, deberán reportar los casos que consideren sospechosos a la UIF. “La persona que proporcione esta información, deberá firmar en calidad de declaración jurada”, precisa la norma. Y el encargado deberá revisar las listas internacionales para ver si el cliente no está en la lista de quienes financian el terrorismo.

Sobre este tema, Jorge Zogbi, ex superintendente tributario, dijo que se trata de un mecanismo que se aplica en varios países y que el objetivo es transparentar el manejo económico.

Es tuición del Estado

El Estado tiene la potestad de hacer el control del sistema financiero y la generación de recursos, explicó el expresidente del Colegio de Abogados, Marcelo Arrázola. “Para planificar la inversión pública, el Estado debe registrar las transacciones. Ahora se incorpora el criterio de la proveniencia de los recursos con los que se adquieren los bienes inmuebles. Considero que es acertada esta medida y lo que busca es transparentar el manejo de los fondos”, sostuvo.

En criterio de Arrázola, el sector inmobiliario ha registrado un gran crecimiento en los últimos años y se desconoce a ciencia cierta la procedencia de los recursos económicos. De acuerdo con datos del Gobierno, se prevé que el sector de la construcción crezca un 7% en esta gestión.

 

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