Sector ropavejero busca saltar la legalidad y presiona en las calles
Plantean la carnetización a todos los afiliados y pagar impuestos por su actividad. El Gobierno dio su apoyo a la industria nacional frente a la venta de ropa usada
En una multitudinaria marcha que partió desde el ingreso al aeropuerto internacional Viru Viru y llegó hasta las oficinas del Conaltid, miles de vendedores de ropa usada exigieron al Gobierno la abrogación del Decreto Supremo 28761 que prohíbe la internación y comercialización de prendas de medio uso.
En ese sentido, este sector plantea legalizar su actividad e incluso sugieren pagar impuestos a las arcas del Estado. Rodolfo Condori, vicepresidente del Comité Departamental de Ropa Usada de Santa Cruz, manifestó que más de 250.000 personas se encuentran movilizadas en todo el país, para buscar eliminar el decreto.
Por ello, están proponiendo al Gobierno conformar mesas de trabajo para que este sector pase a la legalidad, es decir, que se carnetice a cada vendedor y que se tribute al erario nacional.
“Queremos tributar al Estado, queremos aportar. Así como los cocaleros que tienen su carnet y se mueven por todo el país”, dijo. Caso contrario el dirigente, advirtió que se vienen bloqueos de carreteras, huelga de hambre o toma de instituciones.
Gobierno no accede a pedidos
Desde el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, informaron que se continuarán con las operaciones para detectar y decomisar el ingreso de estas prendas de vestir, ya que así lo dictamina el decreto. Es así que manifestaron que el principal postulado de la entidad es apoyar la industria nacional.
En esta línea, la ministra de Desarrollo Productivo, Nélida Sifuentes, calificó de “política” la movilización que iniciaron los vendedores de ropa usada, además de advertir que legalizar ese sector, significaría matar la industria nacional. “Aquí se trata de defender lo nuestro, la industria nacional.
Es fácil traer lo de afuera y no producir aquí”, dijo. La ministra indicó que semanas atrás se firmó un convenio con los dirigentes nacionales de los ropavejeros, para trabajar e identificar acciones que permitan la conversión del sector a otra actividad productiva. Se determinó que una comisión nacional controle la proliferación de ropa usada.
En tanto, Javier Challapa, presidente de la Asociación de Textiles de Santa Cruz, señaló que están enviando una carta al presidente Evo Morales informando del da- ño económico que hace al país el negocio de las prendas usadas y sugiriendo que el decreto se eleve a rango de ley, para que así el control sea efectivo en los cuatro niveles del Estado, principalmente en los municipios
