ECONOMÍA

Se legaliza el 85,6% de las tierras con desmonte ilegal


De 1,5 millones de hectáreas deforestadas de forma irregular, 1.284.620 ya fueron legalizadas. Santa Cruz ocupa el primer lugar en superficie saneada. Por multas ya se recaudó Bs 215 millones

En busca de la legalidad aún queda un 15% de superficie con desmonte sin permisos. Para Dayne la seguridad jurídica de sus predios es algo que no tiene precio. Trabaja con tranquilidad / Foto: Fuad Landívar

09/03/2017

Por circunstancias de la vida  Dayne Saat de Ulloa, ganadera por vocación, producto del desmonte ilegal de más de 1.200 hectáreas en sus propiedades de Pailón y de San Ignacio de Velasco, tenía al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y a la Autoridad de Bosque y Tierras (ABT) pisándole  los talones debido a que su situación de desmonte irregular le estaba generando problemas legales y económicos.


Una demanda penal por $us 184.000 y el riesgo de sufrir el recorte o la reversión de sus propiedades no la dejaban en paz, a lo que se sumaban los tomatierras, que bajo el argumento de que había hectáreas al margen de la ley ingresaban a los centros ganaderos provocando más incertidumbre.


Sin embargo, la puesta en vigencia de la Ley 337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques significó para Dayne y otras 14.787 familias productoras de Bolivia el oxígeno que les hacía falta para regularizar su situación. 


Así del 1,5 millones de hectáreas que se desmontaron en el país de manera ilegal, que equivalen a un poco menos de la mitad de la superficie (3,5 millones de hectáreas) cultivada en el país, hasta febrero de 2017 regularizaron su situación  el 85,6% (1.284.620 millones de hectáreas).


Álex Escalante, director nacional del programa, sostuvo que el mismo concluye el 28 de marzo de esta gestión y que solo restan legalizar unas 300.000 hectáreas que en su mayoría corresponden a los pequeños productores y a las comunidades.


Sobre las sanciones que se aplicarán a aquellos productores que no regularizaron su situación, Escalante explicó que nuevamente se pondrá en vigencia la ley 1.700 que contempla que las grandes y medianas empresas infractoras pueden sufrir recortes de su superficie o, en casos extremos, la reversión de la misma, mientras que para los pequeños y las comunidades productoras las sanciones económicas no tendrán ninguna rebaja.


Santa Cruz, con 1.025.167 de hectáreas legalizadas, ocupa el primer lugar seguido por Beni, con 132.881 y Pando, con 77.189.
En cuanto a la recaudación por concepto de multa entre septiembre de 2013 y febrero de 2017 el Estado percibió Bs 215 millones.

Reforestación y alimentos
Otro de los aspectos de este programa es la restitución de bosques y la producción de alimentos, aspectos que son monitoreados una vez que el productor pagó las multas por desmontar ilegalmente.


Así, de acuerdo con los datos de la UCAB, programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, de los 1.284.620 millones de hectáreas, 542.028 ya están cumpliendo con el compromiso de aumentar la oferta alimentaria, pues el 45% (244.577 hectáreas), está destinado para la producción agrícola, el 53% (286.126) responde a la actividad pecuaria y un 2% (11.325) es para la restitución de bosques.


Rissela Castro, responsable del monitoreo de restitución de bosques, sostuvo que los productores están cumpliendo con la expectativa del programa que requiere que en todo centro destinado a la producción de alimentos se deje una determinada superficie para plantación de plantines que luego permita la recuperación de los árboles talados.


Dayne recordó cuánto le costó entender el tema de la reforestación y error tras error logró dejar en condiciones a sus cinco predios, algo que le trajo paz y seguridad jurídica 



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