ECONOMÍA

SIN insiste en norma que fiscaliza construcciones pese a su rechazo


Impuestos llama a constructores a proponer cambios a la resolución que les exige información sobre costos de las obras edificadas. El sector observa vacíos en la norma


El sector de la construcción rechazó la resolución de Impuestos Nacionales, la consideran “perjudicial”.
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01/03/2019

El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, aseguró que la Resolución Normativa de Directorio RND N° 101800000036 que reglamenta el “envío de información de contribuyentes que realizan la actividad de construcción de bienes inmuebles”, está vigente y continuará con su aplicación, pese a que el sector constructor rechazó la medida porque considera que existen vacíos y exige información irrelevante.

“La resolución normativa está vigente y ellos tendrán que preparar la información. Si hay observaciones, los invito a presentar propuestas para valorarlas. Posteriormente, los vamos a convocar para definir qué ajustes corresponden hacer. Lo único que se está pidiendo es información real de lo que ellos ejecutan, en la construcción de una obra”, manifestó ayer, la autoridad, lamentando que no expongan ninguna propuesta de cambios.

Cazón se refirió al tema, tras el estado de emergencia en que se declararon en forma conjunta, la Confederación de Trabajadores de la Construcción, junto a la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), el Colegio de Ingenieros Civiles de Bolivia, la Cámara de la Construcción de Santa Cruz y el Colegio de Arquitectos de Bolivia, tras una reunión realizada el miércoles en La Paz.



¿Qué se pide?

La Administración Tributaria pide, en un esquema creado, el costo de la materia prima (yeso, cemento, fierro) que se usa para la construcción de una obra. También, el costo de la mano de obra, los costos indirectos que están relacionados a la construcción de esos bienes inmuebles entre otros.

“Con esos datos posteriormente, la administración tributaria en el marco de sus competencias de control y fiscalización, establecerá si esa empresa constructora ha declarado y pagado los impuestos que le corresponden en el marco de la norma tributaria”, explicó Cazón.

La resolución contempla multas de hasta 5.000 Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV), si no se cumple con los requisitos desde marzo.



El rechazo

En la reunión de La Paz, el sector constructor rechazó la resolución, conformó un bloque de unidad para que realice gestiones ante la administración tributaria, solicitó una mesa técnica para discutir los alcances de la norma y advirtió con tomar “otras medidas” si no se encuentra una solución al problema.

“El SIN quiere hacer una normativa para las construcciones privadas, involucrando a contratistas. También están exigiendo que ellos tengan que hacer esas declaraciones con información al detalle, sobre mano de obra, equipos, materiales, etc. Para esta gente, es un conflicto porque no cuentan con personal, ni software adecuado. Eso estamos observando”, indicó el presidente de Caboco, Franklin Pérez.

Por su parte, el presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), Carlos Ballón, dijo que en reuniones previas, se encontraron varios vacíos en la norma y que la exigencia de información es poco clara.

“Nosotros estamos de acuerdo en facturar lo que sea necesario, porque consideramos que la tributación es en beneficio de la salud económica del país, pero hay vacíos en la normativa. Información que consideramos que no va a ser ni siquiera necesaria ni será relevante para una autoridad tributaria”, señaló.



Por su parte, el secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores en Construcción de Bolivia, Valerio Ayaviri, dijo que se había enviado una resolución al SIN y al Ministerio de Economía, pidiendo una reunión para sentarse en una mesa de diálogo. “Si no nos escuchan, nosotros sabemos, como trabajadores, las armas de lucha que tenemos”, advirtió.