Desde la Administración Tributaria expusieron que se aprovechan de la inocencia de los contribuyentes para hacer cobros ilegales, pero existen mecanismos de prevención

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14 de agosto de 2019, 4:00 AM
14 de agosto de 2019, 4:00 AM

“Por aquí muchas veces vienen y dicen que son de Impuestos, pero tenemos todo en regla y se van. Aquí en la zona central”, señala Raquel Mérida, una panadera de un espacio comercial de la capital cruceña. Sin embargo, en los últimos días se detectaron actividades irregulares por personas que se presentan, sin serlo, como funcionarios públicos.

Desde el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) detectaron una red que con documentación y equipos falsos de la entidad se hacen pasar por funcionarios “para aprovecharse de la inocencia de los contribuyentes” con la amenaza de la clausura de sus locales o negocios.

Según Eduardo Garcés, gerente distrital Santa Cruz I del SIN, estas personas (que están siendo identificadas gracias a las imágenes de una cámara de seguridad de un negocio que comercializa pollos) operan en zonas de la Villa Primero de Mayo y el Plan Tres Mil, en la capital cruceña. Entre los implicados existe una persona de la tercera edad.

“No estamos haciendo operativos de clausura, sino formativos para generar cultura tributaria”, aclaró el ejecutivo, a tiempo de apuntar que hay tres denuncias recientes sobre estos hechos. Lamentó que los temas de corrupción no dejan registros y no son puestos en evidencia por los comerciantes que caen en los engaños de los falsos funcionarios.

No es la primera vez que el SIN detecta esta clase de irregularidades y para prevenirlos se debe solicitar a los servidores públicos el credencial donde hay una fotografía y el nombre del trabajador que se puede comprobar en la web del SIN, así como un memorándum de asignación del operativo donde se verifica la fecha del mismo.

Por otro lado, el asunto ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía y el Ministerio Público, por lo que se prevé que una vez los falsos funcionarios sean aprehendidos se los impute por falsedad material, falsedad ideológica y usurpación de funciones, que en conjunto tienen una pena de hasta ocho años de cárcel.

Además, otras entidades como la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ) también llevan adelante otras medidas para evitar estos hechos de corrupción, entre ellas prácticas antisoborno para evitar que los propietarios de negocios y funcionarios públicos incurran en actividades que están penadas por ley.