ECONOMÍA

Roban más de 230.000 litros de gasolina de Zona Comercial de YPFB en Yacuiba


El hecho se descubrió el sábado y el responsable está desaparecido, según la Policía. La estatal petrolera no quiso ampliar la información del tema. La compañía no sufría un hecho similar desde 2014

El hurto de combustible fue descubierto el 23 de febrero a las tres de la madrugada
Escuchar el artículo Pausar Lectura

27/02/2018

En la Zona Comercial de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ubicada en la avenida Bolivia de la ciudad de Yacuiba, se encontró un faltante de  236.425 litros de gasolina, informó el comandante departamental de la Policía de Tarija, Freddy Gordy, según publicó el diario El País. La cantidad del combustible desaparecido tiene un valor de Bs 884.334.

La denuncia fue realizada el 23 de febrero. El encargado del lugar alertó inicialmente sobre la desaparición de 25.092 litros de gasolina, volumen que luego aumentó a 236.425 litros. 

“Se recibió un informe del encargado de planta Yacuiba, Adolfo Díaz, respecto a que se habría encontrado un faltante de producto de 25.092 litros de gasolina en primera instancia y posteriormente al cambiar la cinta de medición, un faltante de 236.425 litros; el funcionario a cargo de esas operaciones, J. J. T. V., habría abandonado las instalaciones de Zona Comercial de YPFB sin mayor información”, señalaron fuentes policiales.

Las investigaciones de las fuerzas del orden continuarán y se espera que en los próximos días se dé con el paradero de los autores del delito.

Para Freddy Castrillo, secretario de Hidrocarburos de la Gobernación de Tarija, es lamentable que hechos como el de Yacuiba ocurran en YPFB, lo que denota la fragilidad institucional al interior de la compañía y la poca transparencia con la que se administran los recursos públicos.

“Hay que exigir a las autoridades de YPFB que aclaren está situación, ya que es muy difícil que esa cantidad de combustible desaparezca de sus almacenes o de cualquier instalación que esté bajo su tuición”, dijo Castrillo.

La Gobernación tarijeña, mediante su representante en el directorio de YPFB, pedirá un informe sobre el caso.   

La estatal petrolera no sufría un hecho de esas características desde hace cuatro años, cuando se detuvo a Nelson Fernández, acusado de ser autor del robo de combustible a la compañía.

En aquella ocasión, se informó de que dos supuestos proveedores de Fernández (uno de nacionalidad colombiana identificado como Carlos N.N.) utilizaban grifos especiales para sustraer el combustible, que colocaban en la tubería con el fin de absorber la gasolina donde estaban conectados a mangueras. Luego de ello almacenaban en turriles la gasolina y en algunas cisternas para venderla ilegalmente, informó la institución verde olivo.

Trabajos en el lugar

En la Zona Comercial de la estatal petrolera, en la ciudad fronteriza, se realizan trabajos de recarga de garrafas con gas y se almacena combustible.

EL DEBER trató de comunicarse con los encargados del lugar, pero estos indicaron que se encontraban en una reunión. Sin embargo, algunos trabajadores manifestaron que los ejecutivos, debido a lo delicado del caso, brindarán información hoy sobre el hurto de la gasolina.

La Policía y la Fiscalía de Yacuiba tampoco quisieron brindar información a EL DEBER sobre el caso. 

Operativos de la ANH

En enero de la presente gestión,  la Dirección de Operaciones de Interdicción de Hidrocarburos (DOIH), dependiente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos  (ANH), y personal militar de la Unidad RCM-5 Gral. José M. Lanza secuestraron 11.800 litros de diésel destinados a Perú como contrabando.

El combustible fue trasladado a depósitos de YPFB para que regrese a la comercialización legal en el mercado interno.

Sanciones en la ley 100

Compra y venta ilegal

“El que almacene o comercialice combustible sin estar autorizado por la entidad pública competente, puede ser sancionado con la privación de libertad de tres a seis años y confiscación de los bienes o instrumentos para la comisión del delito. La persona que adquiera el combustible será privado de libertad entre dos y cuatro años”.

Pena más grave

“El servidor público que cometa el delito puede ser privado de libertad entre cinco y 10 años”.



 




En esta nota