ECONOMÍA

Por cada alimento importado se vende al menos 3 de contrabando


Se estima que el comercio ilegal mueve más de 2.000 millones de dólares por año, según empresarios. Faltan estudios por parte del Gobierno 

Infografía y foto: EL DEBER
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20/08/2018

En la calle Isabel la Católica, esquina Sutó, las caseras compiten ferozmente por atraer clientes a sus puestos de embutidos, frutas u hortalizas. A la zona, ahora conocida como la Vieja Ramada, cada día acuden cientos de personas que se ven favorecidas por la oferta de alimentos nacionales e importados que, de alguna manera, regulan la cotización de los precios de la canasta familiar. 

Esta situación, que se replica en otros mercados de la urbe, representa una mala noticia para productores y empresarios que lo identifican como una tendencia negativa, ya que en 12 años la importación de productos alimenticios casi se triplicaron en términos de valor, pasando de 237 millones de dólares en 2006 a 626 millones de dólares en 2017; mientras que las exportaciones del sector agrícola, ganadero, de caza, pesca y silvicultura registraron una caída de 75,7 millones de dólares entre 2016 y 2017, según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). 

En la tienda de doña Ana se vende, por ejemplo, embutidos de marca nacional que sobresalen por su vistosa panfletería, con precios entre 20 y 35 bolivianos el kilo. Pueden ser San Juan o Bonissima, producidos por Sofía, o Copacol (importados de Brasil), que los igualan en precio pero casi los duplican en cantidad.

Un estudio de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, realizado en 2015, estimó que el contrabando mueve por año entre 1.680 millones y 2.230 millones de dólares, si se suma el contrabando hormiga; mientras que un estudio realizado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC), basado en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Banco Central de Bolivia, estimó la importación de contrabando en 2.180 millones de dólares en 2012. 

Ambos estudios fueron descartados en su momento por el Gobierno. Sin embargo, los representantes de sectores aseguran que requieren un estudio que cuantifique el daño económico, a la vez que se diseñen estrategias que frenen el ingreso de mercadería ilegal, que ‘se mezcla’ en los mercados con la legal, en una proporción estimada de tres a uno. 

El presidente de la CNC, Marco Antonio Salinas Iñiguez, indicó que esta proporción de tres a uno, entre lo informal y los alimentos importados por vía legal, se estima a base de estudios del sector privado, que proyectan que el contrabando triplica en cantidad a lo formal, y dijo que esta situación afecta a la producción agropecuaria. “Éramos exportadores de papa y de cacao. Ahora importamos de Perú”, ejemplificó. 

Consultados por EL DEBER, en el Senasag Santa Cruz manifestó que enviarían una respuesta ante estas inquietudes, pero no se la obtuvo hasta el cierre de esta nota. Por otra parte, en la Aduana Nacional reconocieron que carecen de la sistematización de estos datos y que envían la información de manera directa al INE, que, sin embargo, tampoco las publica debido a que son actividades informales.

 

La marca Copacol se importa desde Brasil, aunque también se cree que una parte llega del contrabando

Productores afectados

El principal ejecutivo de la industria alimenticia Sofía, Mario Anglarill Salvatierra, aseguró que el contrabando afecta a la producción, aunque no cuentan con un estudio. “Hay varias marcas brasileñas (como Copacol) que se venden en la ciudad y en provincias. Para saber si cuentan con registro sanitario habría que revisar cada una; lo que debería ser tarea del Senasag”, dijo.   
Para el presidente de la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob), Guillermo Ribera, es un hecho que el sector recibe una competencia desleal de productos de contrabando, que afectan a la generación de empleo, no pagan impuestos y ponen en riesgo la salud de los bolivianos al no tener registros de sanidad.

El presidente de la Asociación Departamental de Porcicultores de Santa Cruz (Adepor), Javier Urenda, cuestionó que las autoridades no brinden informes estadísticos sobre casos de intoxicación alimenticia y consideró que “se están haciendo los de la vista gorda”, debido a que estos productos garantizan los precios bajos a escala local. “Los únicos que hacen operativos de control son de la Alcaldía, pero los realizan solo para San Juan”, aseveró. 

El control en los puntos de venta, y no solo en la amplia frontera boliviana con sus países vecinos, es la solución desde el punto de vista de los productores y empresarios. Esta propuesta se dio a conocer en varios oportunidades, según el secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación de Santa Cruz, Luis Alberto Alpire, a través de reuniones con la Aduana; sin embargo, hasta el momento no lograron concretarlo, mientras que los operativos que encara el Senasag, se realizan solo en base a denuncias por parte de consumidores. 



 




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