ECONOMÍA

Proyecto de ley plantea hasta 20 años de cárcel para funcionarios bancarios


Se les prohíbe portar maletines o carteras en las entidades. La norma penaliza a los funcionarios públicos y privados que no reparen el daño económico

Con la nueva normativa, se quiere controlar mejor a los funcionarios de la banca
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20/03/2018

La Cámara de Diputados repuso un proyecto de ley para la prevención y control de servidores públicos o privados de entidades financieras, para evitar la mala administración de bienes económicos que son manejados por estas instituciones.

Un analista calificó de “muy dura” la norma y otro experto aseguró que lo que se precisa es aplicar las leyes ya establecidas.

El proyecto de Ley PL 141/18 instituye que el servidor que desa-rrolla sus funciones en una entidad bancaria pública o privada, está en la obligación de “reparar el daño económico causado a la institución” y de no proceder a la reparación “la pena del servidor será agravada hasta con 20 años de reclusión”.



Establece que el funcionario tiene que presentar 11 documentos para ser contratado por una entidad financiera.

Añade que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) deberá establecer de manera semestral “mecanismos de control pre y posfinancieros y la verificación de todos los procesos bancarios.

“Para un adecuado control de los bienes financieros que se retiran de la entidad financiera, los servidores de las entidades tienen prohibido el uso doloso de cualquier accesorio de carga individual, como mochila, maleta, maletín, cartera, etc.”, señala además.

Responsabilidad
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Manuel Mamani Quispe, quien firma como autor del proyecto de ley, junto a otros asambleístas nacionales, recordó que el año pasado se presentó el proyecto y ahora se lo está reponiendo.

“Si bien el anteproyecto estaba siendo redactado con algunos de mis abogados, salió a luz el tema del desfalco en el Banco Unión e hicimos algunas actualizaciones porque los funcionarios tienen que tener responsabilidad en estos casos. Juan Pari (principal acusado del robo de Bs 37,6 millones del estatal Banco Unión) está en la cárcel y los recursos no aparecen. Para esto es la ley”, manifestó Mamani.



Aseguró, sin embargo, que el proyecto no ha sido trabajado con el sector bancario y manifestó que esta discusión empezará con la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados, que tendrá que convocar a los sectores involucrados para consensuar la redacción.

Muy duro

Armando Méndez, expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), calificó de “muy dura” la ley y denotó que es una consecuencia del problema que se tuvo con el Banco Unión el año pasado. “Creo que merece un mayor debate para ver si es recomendable modificar algunos puntos. Mi consejo y opinión es que debería analizarse con mucho cuidado”.

Añadió que era preciso que las entidades financieras privadas y públicas participen de la discusión del proyecto de ley.

Cortina de humo

Entre tanto, el analista económico Julio Alvarado señaló que aunque se promulguen todas las leyes, nada va a cambiar si no hay voluntad política en el Gobierno para sancionar a los corruptos.

“Los bancos ya tienen sus medidas de seguridad. Lo que se necesita es aplicar el control ¿Qué director del Banco Unión que no aplicó la norma está detenido? Ninguno. Están en sus casas, trabajando, los vemos en la calle. Esto es una cortina de humo para decir que se está haciendo algo cuando hay una permisividad para la corrupción”, concluyó.

Fuentes del sector financiero se negaron a pronunciarse respecto a la propuesta legal.

ELPROYECTO DE LEY

El objetivo
El objetivo es establecer un servicio eficiente de servidores en las entidades bancarias a través de medidas de prevención, control, prohibición y sanción.

Su alcance
La ley alcanza a todo servidor público o privado de instituciones financieras, sin distinción de jerarquía y calidad; asume plena responsabilidad por sus acciones y omisiones.

Responsabilidades
Todo acto realizado por el funcionario público, que afecte a la entidad, es sujeto de sanción en la medida del perjuicio o daño ocasionado que deberán estar  establecidos en su reglamento.

Sanciones
El servidor está en la obligación de reparar el daño económico causado y de no proceder,  su pena será agravada hasta con 20 años de reclusión.





 




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