Piden revisar Función Económica Social y auditar asentamientos

La tregua adoptada por las autoridades cívicas y municipales de la provincia Chiquitos -dejó sin efecto un bloqueo de vías para instalar las mesas técnicas convocadas por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para debatir la problemática de tierras- no disipa ni suprime la tensión y el estado de emergencia.

Desde la Mancomunidad de Municipios de la Chiquitania, su presidente, Germaín Caballero, indicó que si bien se decidió una pausa en la presión, harán respetar el compromiso de revisar las últimas autorizaciones de asentamiento en el municipio de San Miguel que se sobreponen a predios ocupados por indígenas y campesinos de la región que tienen actividades productivas.

Señaló, además, que pedirán al INRA una auditoría a todos los asentamientos antiguos ejecutados en Chiquitos para determinar si cumplen o no la Función Económica Social (FES) -empleo sostenible de la tierra en el desarrollo de actividades productivas-. Asimismo, ver el tipo de necesidades de la gente en las tierras dotadas.

Estiman unas 1.000 comunidades asentadas en la región chiquitana, que tras su posesión requirieron caminos vecinales, dotación de agua potable y servicios de educación y salud pública.

Para el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, el conflicto por asentamientos humanos, de personas que no corresponden a San Miguel de Velasco, solo buscan enfrentar a los bolivianos.

“Si se realiza la dotación de tierras a gente que no es del lugar, deben darle las condiciones y no recargar la capacidad de atención y menguar los recursos de la Gobernación”, refirió Costas.

Días atrás, el director nacional del INRA, Juan Carlos León, negó ilegalidad en la dotación de la tierra en San Miguel. Aseguró que un 40% de los beneficiarios de la distribución es nativo del lugar.