Según la propuesta inicial del Ejecutivo en su proyecto de Ley Financial, los recursos para cubrir las responsabilidades administrativas subirán un 2,1% y para el pago de salarios se destinará un 7,6% más de dinero respecto a 2017 

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3 de diciembre de 2017, 10:21 AM
3 de diciembre de 2017, 10:21 AM

El proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE 2018), que en su conjunto cuenta con un agregado de Bs 284.436 millones y un consolidado de Bs 214.649 millones, en lo que respecta al gasto corriente consolidado para la próxima gestión se proyectó destinar Bs 121.728 millones, un 2,1% más que en 2017, cuando fue de Bs 119.224 millones, mientras que para el pago de sueldos y jornales  se utilizarán Bs 38.844 millones, un 7,6%, más que el año pasado.

Al respecto, Jorge Akamine, presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, indicó que el  gasto corriente significa el 56,7%  del PGE consolidado, que es de Bs 214.650 millones.

Akamine sostuvo que en un análisis estructural de los gastos corrientes, un 18,1% (Bs 38.844 millones) corresponde a sueldos y salarios; conjuntamente con los gastos en bienes y servicios, con el 25,8% (Bs 55.446 millones),  son los más significativos e importantes en el presupuesto del Estado desde el punto de vista del gasto corriente.

Para Víctor Hugo Figueroa, expresidente  del Colegio de Economistas de Bolivia, el perfil del PGE 2018 en lo referido al gasto corriente repite la misma fórmula que la de 2017, en donde se destina más recursos para los gastos administrativos y se contempla un menor ingreso para el gasto capital, donde se puede dar la opción de generar inversión.  

Más gastos

Akamine señaló que entre  las variaciones más significativas  2017 y 2018 en los conceptos que enmarcan los gastos corrientes se pueden mencionar que sueldos y salarios se incrementa un 7,6%;  es decir, Bs 2.744 millones, mientras que los beneficios sociales suben un 40,7%; es decir, Bs 30,5 millones y los intereses de la deuda externa un 13,7%  (Bs 320,1 millones).

“El incremento del 7,6% en sueldos y salarios se podría interpretar porque en 2018 se va a incrementar ese ítem hasta ese porcentaje con la condición de que no se contrate a ningún funcionario público más; sin embargo, también se puede aventurar  que el ajuste salarial de 2018  solo  será superior a la inflación como sucedió en este año”, dijo Akamine.

Cuando Mario Guillén, ministro de Economía, presentó el presupuesto para el próximo año, remarcó que es importante señalar que la aprobación del proyecto de ley citado, permitirá a las entidades públicas ejecutar programas y proyectos, garantizar la consecución de políticas sociales, fortalecer la inversión pública e incentivar la generación de empleo pese al contexto internacional adverso.

Algo que para Figueroa no es otra cosa que destinar más recursos a la administración pública, que de ninguna manera genera mayor cantidad de puestos de trabajo y que se continúa con un modelo donde el gasto corriente sigue siendo superior al de capital.

En tanto que René Martínez, el especialista en presupuestos públicos de la Fundación Jubileo, indicó que el déficit es la diferencia entre ingresos y gastos, y que en el presupuesto 2018 se está programando (8,3%) uno de los más altos, lo que a su criterio implica mayor endeudamiento.

¿Y los ingresos?

De acuerdo con el PGE 2018, el presupuesto consolidado de los ingresos será de Bs 132.559 millones, un 1,5% más con respecto a 2017, que fue de Bs 130.597 millones; mientras que los ingresos de capital serán Bs 5.126 millones un 19,8% menos al de esta gestión que fue de Bs 6.391 millones.

Cuando se analizan los ingresos y gastos consolidados a nivel institucional, los municipios registran un ingreso de Bs 8.901 millones, pero un gasto de Bs 19.748 millones, mientras que las gobernaciones también se muestran deficitarias, pues se proyecta un ingreso de Bs 2.534 millones y un gasto presupuestado de Bs 8.500 millones.

Sobre este punto, Martínez explicó que el mayor gasto en relación con los ingresos de los gobiernos subnacionales no se debe al desempeño de los mismos, sino al diseño fiscal vigente. 

“Actualmente la recaudación de impuestos está casi totalmente centralizada; es decir, el nivel central recauda la mayoría de los impuestos y una parte los transfiere a gobiernos subnacionales a través del sistema de coparticipación; lo mismo sucede con el registro del IDH. Entonces una buena parte de los gastos de los gobiernos subnacionales depende de las transferencias del nivel central”, puntualizó Martínez.

Para José Luis Parada, asesor  legal y especialista en temas económicos de la Gobernación de Santa Cruz, se observa que los ingresos corrientes aumentan en mínimo un 1,5%, lo que, a su criterio, indica las limitaciones en la generación de nuevos ingresos.

“Los ingresos tributarios se mantiene en los niveles de la gestión 2017 y los del Tesoro General de la Nación  sufren una disminución mínima. Mientras que las regalías como parte de la recuperación de los precios de los minerales y  del petróleo,  por ende de los precios de exportación de gas a Brasil y Argentina, reflejan un crecimiento del 16,7%”, indicó.

Parada subrayó que es necesario aclarar que el 35% del ingreso del PGE 2018 corresponde a fuentes financieras, con un monto de  Bs 76.963 millones ($us 11.057 millones), de los cuales Bs 57.090 millones  provienen de otras fuentes internas, como las estatales YPFB, ENDE, empresas mineras y otros, que consigna  un Bs 39.637 millones (18,5% del PGE).

“Es difícil establecer los proyectos o actividades que generan estos ingresos, salvo el financiamiento externo, que son los créditos externos contratados que aumentan la deuda pública, monto que asciende a Bs 19.873 millones($us 2.855 millones) y representa un 9,3% de los ingresos totales”, dijo el economista. 
Para Parada, entre las opciones para reducir el déficit es seguir gastando las reservas internacionales netas, apostar por la emisión monetaria inorgánica, apuntar a los recursos de las jubilaciones, mediante créditos internos o dejar de pagar en efectivo los aportes laborales de los funcionarios públicos a la Gestora Pública de Pensiones y  entregar papeles o bonos del tesoro. 

“Otra fuente de ingresos puede ser la venta de urea y amoniaco a Brasil y la producción de la plantas separadoras de gas para la exportación de GLP”, dijo Parada.

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