ECONOMÍA

Mesa ve ‘complicidad’ con Quiborax; Arce se ofrece para una auditoría


Dijo que el Gobierno es responsable del pago de $us 42,6 millones a la minera chilena; el ministro de Justicia, Héctor Arce, aseguró que Mesa incumplió sus propias leyes  

El expresidente es procesado por un decreto supremo que supuestamente dio paso a un arbitraje en el que Bolivia perdió I Foto: archivo.
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18/06/2018

Tras conocer un informe de la Procuraduría, que desvela que en 2016 la subprocuradora, Carmiña Llorenti, envió información por correo electrónico a delegados de Quiborax, el expresidente y vocero de la Demanda Marítima, Carlos Diego de Mesa Gisbert, señaló que este hecho prueba una ‘complicidad’ entre ambas partes, para liberar del proceso de falsificación a un accionista chileno de esta minera.

“El envío de información confidencial desde la oficina de la Procuraduría del Estado, evidencia que se generó un proceso de preacuerdo para levantar procesos penales contra altos funcionarios de Quiborax, que llevaba adelante el Estado boliviano, acusados de la falsificación del acta que los habilitó para realizar el proceso contra Bolivia en el CIADI. Esa falsificación es la que se negocia en estos correos”, precisó Mesa.

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El proceso administrativo disciplinario iniciado contra la Subprocuradora Carmiña Llorenti, establece que el 4 de agosto de 2016 se cometió un ‘error’ que desveló que funcionarios de la Procuraduría y abogados de la compañía chilena se reunieron con el objetivo de acordar el “retiro de acusaciones del querellante y del Ministerio Público”, así como el proyecto de resolución judicial que se seguía a empresarios chilenos por utilizar un acta falsa para operar en Bolivia.

“La Subprocuradora se reúne con abogados chilenos para redactar borradores del desistimiento de Bolivia de ese juicio penal. ¿El Ministerio Público recibe las instrucciones de un proyecto que hacen la Procuraduría y Quiborax, un proyecto de una sentencia para estos ocho accionistas, entre ellos el más importante Allan Fosk? Creo que sin lugar a dudas estamos hablando de un grave delito”, añade Mesa.

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La respuesta de Arce

Consultado al respecto el ministro de Justicia y por entonces Procurador, Héctor Arce, respondió a dos preguntas sobre este caso.

¿Qué señala ante la filtración de información desde la Procuraduría sobre la negociación de Quiborax con el Estado? 

Arce responde: “Cuando conocimos del laudo arbitral en septiembre de 2015, iniciamos un proceso de negociación con Quiborax para aminorar el pago al que el Estado estaría obligado por la expulsión de la empresa en 2004. Dentro de dicho proceso, la empresa puso como condición para rebajar el monto la conclusión del proceso penal, conclusión que además estaba ordenada en el laudo del CIADI y que había estado paralizado por años por una injusta resolución del Tribunal Arbitral, que de manera inicua nos ordenó a Bolivia paralizar el proceso penal el año 2010. Ante este pedido, se le encargó a la Sub Procuradora Llorenti que explore las posibilidades, recibiendo ella varios documentos de los demandantes donde se mencionaban sus peticiones para fraccionar un proyecto de acuerdo con la empresa. En el transcurso de esas negociaciones se me informó que documentos habrían sido filtrados por un error desde el correo de Llorenti, pudiendo generar este hecho posible perjuicio a los intereses del Estado, se ordenó un análisis legal y en base a la recomendación de éste, se llevó un proceso administrativo; este hecho no generó ningún daño al Estado, pero por responsabilidad debía realizarse.

¿Qué responde a Mesa cuando dice que con estos datos los ‘acusadores’ deberán ser ‘acusados? 

Arce responde: “Cada Ministro de Defensa Legal del Estado y cada Procurador son responsables de la correcta defensa de los intereses del Estado y todos, en base al tiempo que ejercimos dichos cargos, estamos abiertos a cualquier auditoría o requerimiento de información. Pero para poner un ejemplo, es como si un policía le disparara innecesariamente a una persona que bien pudo ser reducida por otros medios. Después el policía pide disculpas, asume su responsabilidad, la propia Policía facciona informes reconociendo el error y estos se hacen públicos, más allá de ello trata de enmendar el grave error con acciones que solo se van a convertir en pruebas y más pruebas para el herido, que no dudará en exponerlas en el juicio. Por supuesto, ese juicio lo gana el herido por más que le pongamos la mejor defensa del mundo. 

El exmandatario y vocero de la causa marítima deberá presentarse ante la Fiscalía General en Sucre el martes 19, acusado de incumplimiento de deberes y conductas antieconómicas.

 



 




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