ECONÓMICO

Menonitas de Beni, entre la ‘ilegalidad’ y la producción de alimentos


Panorama. Una resolución del INRA dota a Emapa 4.317 hectáreas que forman parte de la comunidad Río Negro


Escuchar el artículo   Publicidad Pausar Lectura

03/02/2019

La comunidad campesina Río Negro Colonia Menonita Groenland del municipio de San Javier, en Beni, cobró vida en 2005 cuando un grupo de menonitas llegados de México y otros de Canadá, se tragaron el anzuelo de que más de 34.000 hectáreas estaban a la venta y la compraron.

Desde entonces, a medida que fueron pasando los años, la colonia se fue asentando en la zona y empezó a destacarse en la actividad agropecuaria y a ser considerada por las demás comunidades del lugar una aliada estratégica, pues vieron en los menonitas a un grupo social pacífico y con grandes conocimientos en el manejo de la tierra, uso de semillas y en la cría de ganado bovino lechero.

Sin embargo, dos normas legales pusieron a prueba a la comunidad, pues la resolución 1076/2009 del 15 de octubre de 2009 y la sentencia del Tribunal Agroambiental 526/2013, determinaron que el área ocupada por la colonia menonita son tierras fiscales y, por tanto, proceden a su desalojo.



Algo que hasta el momento no se cumplió, y la vez que se intentó, allá por 2010, la comunidad internacional levantó la vista y frenó en seco las intenciones de la actual administración central.

Ahora un nuevo laberinto legal se asoma. Se trata de la resolución administrativa 011/2018 en la que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) otorgó 4.317 hectáreas, que forman parte de la comunidad campesina Río Negro, a la estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) bajo la figura de usufructo.

Pero hay un detalle, se trata de una zona donde los menonitas ya destinaron dinero para la siembra de arroz y, por ello, no están dispuestos a perder lo invertido, mientras que desde Emapa aseguraron que tienen el aval del INRA y que no darán marcha atrás.

Así, otra vez, la tensión por la tenencia de la tierra cobra relevancia en una zona que se debate entre la legalidad y la legitimidad de quienes cumplen con la Función Económica Social (FES), mientras, aquellos que negocian con el tráfico de tierras siguen en el anonimato y gozando de buena salud.



Buena vecindad

La comunidad Río Negro Colonia Menonita Groenland, así indica un cartel de ingreso al pueblo, está a unas tres horas de Trinidad, que se vuelven más debido a la lluvia que acentúa el mal estado de las carreteras.

EL DEBER llegó hasta la colonia y durante el recorrido se pudo ver que la zona tiene un perfil ganadero y agrícola, a orillas de la carretera de tierra hay sembradíos de soya, arroz y sorgo y en algunos predios se ve la crianza de ganado bovino lechero.

Es Edgar Hurtado, secretario general de la Central de Campesinos de la Comunidad 16 de Julio, el que va desgranando esta historia que empezó hace 14 años cuando un grupo de menonitas llegó al lugar y comenzó con la apertura de caminos, el desmonte de predios, la preparación de la tierra para futuras siembras y a tener una mayor interacción con sus vecinos para poder ayudarse mutuamente.

“Ellos no llegaron tumbando árboles o metiendo tractores, tampoco avasallaron terrenos que ya tenían dueños. A ellos, los engañaron y les vendieron estas tierras que ahora dicen que son fiscales. Pero lo que más llama la atención es que el INRA en menos de un mes le otorgó a Emapa la tenencia de 4.317 hectáreas que son de la comunidad Río Negro y en la que se realizaron trabajos de siembra. Es un abuso que no lo vamos a permitir”, aseguró Hurtado.



El dirigente recordó que entre 2006 y 2007 la comunidad de menonitas pidió al INRA el inicio de saneamiento algo que la institución realizó, pero que el entonces viceministro de Tierras Alejandro Almaraz le puso freno y lo llevó a foja cero.

Hurtado hizo notar que en esa misma fecha las comunidades de Pedro Ignacio Muiba, La Curva, Sacrificio, Río Negro, Eduardo Abaroa, América, Villa Nazareth, Nueva Israel, Pata de Águila, Ibiato, Casarabe, Carmen del Iténez y 27 de Mayo también iniciaron el proceso de saneamiento y muchas de ellas lo concluyeron y obtuvieron la titularización de sus tierras algo que les garantiza el derecho propietario de los terrenos donde realizan la actividad agropecuaria.

Ingrid Cuéllar, secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Central Campesina 16 de Julio, sostuvo que pese a estas trabas los pobladores de Río Negro están cumpliendo con la FES y en muchas oportunidades realizan labores de solidaridad como el de donaciones de mesas y sillas para los alumnos de la primaria de las localidades aledañas o el mantenimiento de los caminos vecinales, en especial en época de lluvia.

Cuéllar cuestionó porqué hasta ahora no se encuentra la fórmula para regularizar y sanear estas tierras que en un 100% son productivas, tanto así que la cosecha de arroz en su totalidad es vendida a Emapa, mientras que la producción de leche, unos 5.000 litros diarios, son entregados a la empresa estatal Lacteobol, que si no fuera por los menonitas no tendría razón de ser.

“Esta comunidad está afiliada a la Confederación de Campesinos de Beni, son personas de trabajo, solidarios, buenos vecinos que trabajan la tierra y no la tienen de engorde. Además en estos 14 años han nacido unos 400 menonitas que ya son bolivianos que tienen su carné, por lo que el derecho al acceso de la tierra también deberían tenerlo”, puntualizó Cuéllar.

En la comunidad menonita

De acuerdo con sus habitantes, Río Negro Colonia Menonita Groenland tenía una superficie de más de 34.000 hectáreas que por diversos motivos fue recortada y quedó con un poco más de 28.000 hectáreas. En el lugar viven unas 800 personas, de las cuales unas 400 son nacidas en Beni o en Santa Cruz.

Ingresar a la comunidad es cruzar la frontera y llegar a la otra Bolivia. Los caminos son todos de tierra, los niños con su botas azules o blancas, saltan por los charcos y no se preocupan por la constante llovizna y menos por el barro que se pega en sus pequeños overoles azules y marrones. Los niños sonríen y saludan, las niñas bajan la mirada y se esconden tras sus amplios sombreros.

Las casas son de ladrillo y madera y están prolijamente pintadas con colores claros. Los techos son de dos aguas, hechos de madera y calaminas galvanizadas.En el frente o al lado de las casas se encuentran plantados árboles de diferentes especies. Algunas tienen un amplio jardín y ninguna de ellas cuenta con bardas. En la parte de atrás se encuentra el granero con el cobertizo para guardar tractores y diversas herramientas agrícolas.

En la zona no se escucha música, no se ve canchas de fútbol o alguna plaza que sirva de pasatiempo, esa es una palabra que no conocen, pues la vida de los menonitas gira en torno al trabajo, de sol a sol, mientras las mujeres son las encargadas de cuidar a sus numerosos hijos.

En esta sociedad se respeta la jerarquía y la edad es un factor determinante, por eso cuando nos acercamos a David Piter para conversar, los más jóvenes se alejan un poco y se callan.

David tiene nueve hijos y 23 nietos, está en Río Negro desde 2005 dedicado a la producción de soya y arroz y es un experto en la construcción de mataderos para pollos.

Dice estar preocupado por la nueva resolución del INRA y agradece el apoyo de las demás comunidades campesinas. Asegura que estas tierras fueron compradas y que están dispuestos ha realizar todos los trámites para tener el derecho legal de sus terrenos.

“Somos aliados de Emapa porque le vendemos todo nuestro arroz, somos amigos de Lacteobol porque cada día le vendemos unos 4.000 litros de leche. No entiendo eso de querer tener las tierras que hemos trabajado”, lamentó David.

Franz Vila, otro integrante de la comunidad, es más crítico y asegura que cada vez los amenazan con desalojarlos, pues se los consideran que son extranjeros y que no tienen derecho a la tierra.

“No entiendo eso, yo tengo hijos bolivianos con su carné y dicen que no son de acá. Producimos soya, arroz, sorgo, leche y pollos. No estamos robando. Solo pedimos trabajar en paz”, indicó Franz.

Sobre el tema Moisés Ayala, ejecutivo departamental de la Confederación de Campesinos de Bolivia, sostuvo que el accionar del INRA es abusivo y que no se permitirá que la institución de forma unilateral y autoritaria entregue tierras en las que se cumple con la FES.

Sin embargo, para Eliane Capobianco, exdirectora del INRA, la situación tiene dos salidas que no vulneran la legalidad.

La primera es cumplir con el desalojo, pues a su criterio por más que la comunidad cumpla con la FES y parte de sus integrantes sean bolivianos, están en tierras fiscales y su ingreso fue ilegal. “Se debe recordar que la Ley 3545 solo toma en cuenta predios para sanear hasta 1996, los posteriores son considerados ilegales”, indicó Capobianco.

La segunda opción es una vez retirados de la zona es dotarles otras tierras fiscales y remarcó que mantener así la situación es premiar la ilegalidad.

Para el INRA, la dotación de tierras a Emapa es un acto legal y no abusivo

Cuestionada y observada por la dotación de 4.317 hectáreas a la estatal Emapa, la directora departamental del INRA de Beni, Gimena del Carmen Borges, asegura que la medida está amparada por la Ley 3545 y por la Constitución por lo que no es ilegal y menos abusiva.

Borges explicó que la resolución 1076/2009 y la sentencia del Tribunal Agroambiental 526/2013 ya determinaron que la comunidad Río Negro está asentada en tierras fiscales, es decir, que son propiedad del Estado, por lo que este tiene el derecho de dotarla a quien considere que la necesita.

La autoridad precisó que en el caso de las hectáreas entregadas a Emapa se trata de una zona que fue deforestada de forma ilegal, en la que no hay ninguna construcción o infraestructura agropecuaria, por lo que rechazó de que se esté afectando las inversiones de los menonitas.

Cuando se le consultó por qué justo dotar tierras a Emapa en una zona donde ya se hicieron trabajos de desmonte, la autoridad subrayó que al ser tierras fiscales el Estado puede elegir dónde y cómo entregar estos terrenos

“La dotación de estas tierras se da bajo la figura de usufructo por cinco años, en los cuales Emapa debe demostrar que ha cumplido su programa productivo presentado al INRA. Eso se verificará al tercer año y se hará una evaluación para ver si se debe continuar con el usufructo o suspenderlo. Acá nadie recibe tierras fiscales para no trabajarla, acá todo se fiscaliza”, señaló Borges, que lamentó que dirigentes campesinos bolivianos estén en contra del Estado.

Se pudo saber que el proyecto presentado por Emapa está relacionado con la producción de granos, con la elaboración de un programa para la producción de lácteos y con la consolidación de un centro piscícola que genera valor agregado a los productores de la zona.

En cuanto a la situación legal de las tierras que son trabajadas por los menonitas, Borges aseguró que hay una decisión del Gobierno de encontrar una salida legal al tema por lo que se conformaron mesas de trabajo en la que participan distintos ministerios.

“El tema es complejo, se observa por qué los pequeños no van a nuestras escuelas, por qué no saben cantar nuestro himno teniendo carné boliviano. Se debe encontrar una salida y se está trabajando en ello”, sostuvo Borges, que evitó hablar de desalojos forzados.

Sobre el tema, Álex Ferrier, gobernador de Beni, puntualizó que la consolidación de esta colonia es resultado del tráfico de tierras que se desarrolló a fines de los 90 y los primeros años del 2000. La autoridad recordó que el propio presidente del país, Juan Evo Morales, luego de realizar un sobrevuelo por la zona, indicó que a esta comunidad no se le debe sacar ni otorgar un metro más de tierra.

“Entonces es el INRA el que debe encontrar una salida, es cierto que estas personas están en tierras fiscales y que su situación en este aspecto es ilegal, pero también es cierto que en estos terrenos se está cumpliendo con la FES y que son de vital importancia para el departamento”, señaló Ferrier

A criterio de la autoridad a quienes se debe investigar y castigar son a las personas que vendieron estas tierras sabiendo que eran fiscales, engañando a particulares y perjudicando al Estado.