ECONOMÍA

Mansilla desmiente a benianos y crece la presión sobre indígenas


Era ministro de Comercio Exterior y nada tenía que hacer con las carreteras. Los indígenas que se oponen a la ruta fueron desalojados de su sede. El debate sobre el Tipnis se vuelve nacional, pese a la advertencia beniana

El ‘cotillón’ de la promulgación de la Ley 969 incluyó la bandera del patujú, símbolo de la resistencia a la ruta
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15/08/2017

Una semana antes de la promulgación de la Ley 969 que levanta la intangibilidad del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), el gobernador de Beni comenzó a exponer sobre los antecedentes de tramitación de la carretera. Cuando llegaba a la gestión de Tuto Quiroga, había un nombre anotado: “Claudio Mansilla, Cainco”, se podía leer. “En esa época no hubo oposición, no hubo ecologistas, pero para mala suerte no hubo plata. Hay por ahí una figurita de grupos empresariales cruceños (para que no se concluya la vía), porque el ministro de esa época era Claudio Mansilla, de la Cainco, y don Claudio Mansilla no le quiso dar ni un peso más a Ernesto Suárez para que se haga la carretera”, dijo Ferrier, en su oficina, acomodado en un sillón mullido, mostrando la impresión de la diapositiva en la que se responsabilizaba al ex ministro cruceño. 

Este discurso fue repetido por un representante campesino en la promulgación de la ley, pero  ahora es desmentido por Mansilla, que explica que él no tenía nada que ver con carreteras ni con desembolsos de fondos, porque su labor durante su corto periodo como ministro eran las relaciones internacionales.
“La declaración del gobernador del Beni falta a la verdad. Solo trata de confrontar a las regiones para confundir y esconder el verdadero problema de la intangibilidad del Tipnis. Es una declaración política muy mañosa, propia de personas que no tienen argumentos para defender sus erradas decisiones.

Hace mucho daño al país. No fui ni ministro de Transporte ni de Economía, ni tuve a mi cargo recursos relacionados con la construcción de ninguna carretera. Fui ministro de Comercio Exterior”, dijo ayer.



Las advertencias lanzadas en el coliseo beniano no detuvieron las críticas cruceñas. El senador Óscar Ortiz (UD) aseguró que la carretera afectará al medioambiente y a los pueblos indígenas, puesto que beneficiará solo a dos de 69 comunidades del parque y que solo se convertirá en una zona de expansión de los cocaleros. “Convertirán al Tipnis en un segundo Chapare. La carretera no es el problema, siempre y cuando se busque una ruta que no destruya el parque y que genere una estrategia de desarrollo sostenible que les dé mejores condiciones de vida a los indígenas”, señaló Ortiz.

En La Paz tampoco se sintieron amedrentados. Cecilia Requena, docente, investigadora y parte de la plataforma ciudadana de defensa del Tipnis, explicó que “el Tipnis nos interesa a todos los bolivianos, porque la naturaleza no reconoce límites departamentales ni nacionales”.

En su opinión, cualquier paceño, cruceño o beniano tiene el derecho de pelear por los equilibrios de los procesos naturales que sostienen la vida local, regional o global. Asegura que con esta norma se están violando los derechos colectivos de los pueblos indígenas y que como parque nacional, es de interés común de todos los bolivianos. 

Ortiz, por su parte, añadió que trabaja en una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 969, en un pedido de informes sobre las obras que se hacen dentro de la reserva, pese a que aún estaba vigente la Ley 180 y en buscar rutas alternativas que no partan el Tipnis en dos. 
  
El debate ya es nacional

Pese a los pedidos de “ahora nos toca” hacer carreteras a los benianos que aún retumban en el ‘platillo volador’, el debate sobre partir un parque en dos para integrar a un departamento con el eje central sin pasar por Santa Cruz de la Sierra ya se hizo nacional. Ayer el expresidente Carlos Mesa publicó en su Twitter que con la Ley 969 se está “hipotecando el futuro del agua y el oxígeno del país. Una filosofía que debilita el desarrollo sostenible y contradice el suma qamaña (vivir bien)”. 

Esta declaración fue contestada de inmediato por la ministra de Comunicación, Gísela López, que tildó al expresidente de doble moral y mostró que él firmó el decreto supremo de Gonzalo Sánchez de Lozada que incorpora la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos a la red fundamental y que luego, como presidente, firma una ley que faculta a buscar recursos para su construcción.

También opinó el senador potosino René Joaquino. El representante del MAS aseguró que la reglamentación de la Ley 969 se la hará en consenso con los indígenas. Sin embargo, hoy por hoy la dirigencia está dividida. Los afines al Gobierno controlan las subcentrales Conisur (área colonizada), Sécure y Tipnis, pero son desconocidos por una parte importante de sus bases y hay dualidad dirigencial. 

Sin techo
Debido a esta división, ahora los indígenas que se oponen a la carretera no pueden ingresar al cuartito que sirve como sede de la Subcentral Tipnis. Ayer fueron desalojados por otros indígenas progobierno y por -según la denuncia de los indígenas y políticos- funcionarios de la Gobernación de Beni. 
“Sabemos que vamos a tener muchas dificultades de aquí en adelante, mucha persecución, pero es solo Dios quien decide nuestro destino", dijo entre sollozos Fabián Gil, presidente de la Subcentral Tipnis disidente del Gobierno. 





 




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