ECONOMÍA

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Fiscalía puede citar a Achá por el caso taladros


YPFB retiró a 15 funcionarios, entre ellos al vicepresidente Jorge Soza. El fiscal general del Estado remitió ayer la denuncia a la Fiscalía de La Paz. Un senador opositor ve más problemas

Guerrero estuvo ayer en Santa Cruz y habló fuerte y claro sobre el caso de los taladros

20/04/2017

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, no descartó citar al presidente de YPFB Corporación, Guillermo Achá, y a otras personas más para que presten su declaración en calidad de testigo o investigado, sobre las pesquisas del caso de la compra de tres taladros por un valor de $us 148,8 millones.

Sin embargo, el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, reveló que el contrato entre YPFB y la empresa Drillmec no fue firmado por Achá, sino por el vicepresidente. Aseguró que Achá sigue gozando de la confianza del Jefe de Estado.

Ayer en Santa Cruz,  Guerrero informó de que remitieron la denuncia a la Fiscalía de La Paz para que inicie el proceso. Añadió que se conformará una comisión de fiscales de La Paz y de la Fiscalía General.

La autoridad señaló que la denuncia preliminar es contra 16 personas (15 funcionarios de YPFB y una persona particular), mismas que serán citadas a declarar; pero no descartó ampliar la investigación, después de analizar la documentación presentada por el Ministerio de Justicia.

“Se citará a las personas sindicadas, pero viendo quienes conformaron la comisión, quienes autorizaron, qué unidad requirió los equipos, quién tenía la supervisión, se irá ampliando la investigación, se citará a otras personas, no podemos descartar a nadie”, señaló Guerrero.

De acuerdo con el fiscal, las personas denunciadas serán investigadas por los supuestos delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.

Confianza en Achá y despidos
Tras participar  de una reunión del gabinete de ministros, el mandamás del área energética, Luis Sánchez, afirmó: “El contrato con Drillmec lo firmó el vicepresidente (Jorge Soza)”.

Al ser consultado si el titular de YPFB sigue gozando de la confianza del presidente Evo, Sánchez respondió: “sí, obviamente que sí”.

El ministro de Justicia, Héctor Arce, insistió que le corresponde ahora a YPFB activar los mecanismos legales para rescindir el contrato con Drillmec.

Por su lado, YPFB decidió apartar de sus funciones a los 15 servidores públicos de esta institución hasta que concluyan las investigaciones. Entre ellos rodó la cabeza del vicepresidente Jorge Soza. 
Al respecto, el senador Óscar Ortiz dijo que él tiene conocimiento que fue Achá quien firmó el contrato, pero si el Gobierno señala que fue el vicepresidente entonces hay que aumentar la denuncia.

Estado de ebriedad 
En medio de estos líos, ayer EL DEBER accedió a un informe de intervención policial preventiva de acción directa de la Policía Boliviana que señala que Achá fue encontrado en estado de ebriedad el 28 de enero en la zona de La Costanera, Calacoto de La Paz y conducido a celdas de esa repartición. Sin embargo, las autoridades evitan hablar del tema. Achá negó tal versión pese a que se le envió el informe policial.

Por su lado el jefe de la Unidad de Transparencia Edmundo Novillo dijo que no tiene conocimiento del caso, pero que si alguien lo denuncia procederá a la investigación. 



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