Pide no politizar el tema. Presentará documentación de tres procesos contra OAS. Dos tuvieron sanción y la carretera del Tipnis fue desestimada. Del Granado espera que se reabra el caso. Odebrecht sigue siendo proveedor del Estado

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14 de abril de 2018, 4:00 AM
14 de abril de 2018, 4:00 AM

La expresidenta del Servicio Nacional de Caminos (SNC) Patricia Ballivián ratificó estar dispuesta a que las comisiones de la Asamblea Legislativa investiguen su gestión, dentro del caso Lava Jato. En su administración (2006-2009) y en anteriores años habría exautoridades que recibieron sobornos de parte de empresas brasileñas para beneficiarse con proyectos nacionales, pero también indicó que hubo tres procesos contra la empresa brasileña OAS en su momento. 

“Me ratifico, somos los más interesados en saber qué ha pasado. Hemos estado en el SNC (ahora Administradora Boliviana de Carreteras, ABC) y mi posición es que se investigue. De mi parte, habrá la mayor colaboración porque este es un tema que necesitamos aclarar, saber qué gente se ha beneficiado de esto”, dijo.

Sin embargo, pidió que la comisión paralela que conformó la oposición “no tenga una conducta política del caso”.

Tres procesos 
A su vez, la exautoridad, actual gerenta del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), indicó que hubo investigaciones contra la compañía OAS de Brasil por diferentes casos.    

En el caso de la carretera Potosí-Tarija, de 415 kilómetros y un presupuesto de $us 200 millones, recordó que hubo una sentencia con una subrogación para concluir la obra dentro del mismo presupuesto del proyecto y amparando las reparaciones a cuenta del contratista. La obra la había dejado Queiroz Galvao, una de las empresas involucradas en las investigaciones internacionales por actos de corrupción. 
Por otro lado, se cuestionó el tramo Potosí-Uyuni, de 200 kilómetros, que tenía un presupuesto de $us 108 millones. Una auditoría detectó un precio por encima del contrato, lo que derivó en la modificación de este, se procesó  a toda la comisión calificadora y “todo se reparó en el contrato modificatorio de forma inmediata sin que pase el tiempo”, dijo Ballivián.

Por último, señaló que en el caso de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, que dividiría el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), se rechazó el proceso por el delito de contrato lesivo al Estado contra Patricia Ballivián, que instauró Juan del Granado.

Que se reabra el caso 

Consultado al respecto, el exjefe del Movimiento Sin Miedo (MSM) Juan del Granado manifestó que era un hecho positivo que se lleve adelante la investigación del caso Lava Jato y esperaba que el proceso contra OAS sea reabierto.

“Lo que se ha hecho son dos comisiones: la oficial y la de la oposición. Esto se da por falta de confianza y de credibilidad ante el oficialismo, que deja dudas de que va a investigar a todas las empresas vinculadas”, expresó.

Más adelante explicó que el proceso que denunció fue porque “era claro que había un sobreprecio de por lo menos $us 100 millones” de acuerdo a las partidas presupuestarias, pero que, “extrañamente, los fiscales no hicieron ninguna investigación ni el Gobierno aportó con nada, lo que diluyó la investigación”.

Odebrecht, proveedor 

En otro orden de cosas, la empresa constructora Norberto Odebrecht S.A. se mantiene en la lista de proveedores del Estado, por lo que la firma podría postularse a cualquier licitación internacional de las instituciones públicas, pese al escándalo internacional en su contra. 

A la diputada Lourdes Millares le llama la atención este tema, porque conocidos los antecedentes de la empresa y dado que se ha demostrado ante la comunidad internacional que Odebrecht se dedicó a sobornar a políticos y a funcionarios públicos, debería haber sido cuestionada por el Estado.

“Esta empresa debió ser puesta en cuestión dentro del Estado desde 2014. Esta es una muestra de que a la hora de llevar adelante acciones contra la corrupción, en la práctica no las hay”, finalizó.

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