La Cainco señala que se realiza gestiones con el Ministerio de Trabajo y la ALP para dejar sin efecto la medida. La organización que aglutina a los trabajadores asegura que esta ley ayudará en el caso de despidos injustificados

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1 de agosto de 2019, 12:33 PM
1 de agosto de 2019, 12:33 PM

El proyecto de Ley de Restitución Laboral que se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su aprobación, ha movilizado a la Cámara de Industria, Comercio Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) que sostiene reuniones con el Gobierno para modificar este proyecto. La Central Obrera Departamental (COD) asegura que el proyecto es un parche en caso de despidos injustificados.

“Si el empleador no cumple con lo dispuesto por el juez público en materia de trabajo y seguridad social en el plazo de tres días de habérsele notificado, se expedirá mandamiento de apremio para que cumpla con la incorporación, así como el pago de sueldos adeudados y otros derechos socio laborales”, señala el artículo 17 del proyecto de ley.

“Estamos realizando las representaciones ante el Ministerio de Trabajo y la ALP”, señaló Luís Fernando Strauss, gerente de Desarrollo Empresarial de Cainco. “Solicitamos dejarlo sin efecto por los graves perjuicios para el aparato productivo nacional”, agregó.

La Cainco considera que es una medida extrema para quienes generan empleo y aportan al Estado a través de tributos. Además, señalan que pone en riesgo la generación de empleos y más bien podría motivar la informalidad.

Por su parte la COD valora el proyecto de ley, porque considera que el mandamiento de apremio se aplicará cuando se realicen despidos injustificados. “Es increíble que hasta ahora, aun con la esposa embarazada despiden a los trabajadores”, informó  EL DEBER Radio Sósimo Paniagua, máximo dirigente de los trabajadores en Santa Cruz. 

El dirigente asegura que en los ’80, la dirección del trabajo contaba con carceletas, previniendo esta situación; sin embargo, con los gobiernos se fue flexibilizando la ley.

Además, Paniagua destaca que la Ley General del Trabajo ha cumplido 80 años en mayo, por lo que considera necesaria una nueva legislación y evitar los parches.

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