ECONOMÍA

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El agro plantea desestimar la legalización a tomatierras


Piden levantar categoría de reserva en áreas intervenidas y respetar el PLUS. Gobernación advierte duros efectos por deforestación en la reserva El Choré   

En septiembre de 2015, un equipo de EL DEBER verificó que en la reserva El Choré los invasores imponen su ley. Atentan contra la masa boscosa

27/12/2016

El aparato productivo cruceño plantea la posesión agraria de los medianos y grandes productores que desarrollan actividades agropecuarias en la reserva forestal Guarayos con anterioridad a la vigencia de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (INRA) del 18 de octubre de 1996. 


La posición sectorial emerge después de que se supiera que la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) alista un proyecto de decreto supremo que pretende reorientar las actividades en las reservas forestales El Choré y Guarayos y convertirlas en ‘reservas integrales de bosques’. 


El anteproyecto en la definición de competencias y atribuciones prevé la creación de un sistema de registro único, a cargo del INRA, de los asentamientos posteriores al 18 de octubre de 1996 hasta el 31 de diciembre de 2015. El agro ve en este tema un afán de legalización de los asentamientos humanos consumados, de forma irregular,  en el último tiempo. 
Para el gerente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Edilberto Osinaga, el sector agropecuario plantea una solución integral, no discriminatoria. 


Al presente, según dijo, varios productores medianos y grandes que desarrollan actividades agropecuarias cumpliendo la Función Económica Social (FES) son víctimas de recortes y reversiones de sus predios. “Sin embargo se sigue titulando y continúa el avance de asentamientos ilegales”, puntualizó. 
Sectores afiliados a la CAO piden levantar la categoría de reserva en las áreas intervenidas con actividad agropecuaria con títulos de posesión anteriores a la ley INRA y respetar el Plan de Uso de Suelo (PLUS) que tiene rango de ley. 
Para el sector ganadero cruceño la solución de la reserva Guarayos pasa por una correcta interpretación y cumplimiento del ordenamiento jurídico en lo relativo a la ley del PLUS que define los usos por vocación, sean agrícolas o ganaderas, en áreas de  la reserva Guarayos. 


Creen que se debe velar por la seguridad jurídica agraria porque, en el caso de la ganadería, un 18% del hato departamental que ronda las 3,5 millones de cabezas, está en Guarayos. La actividad ganadera comercial y de producción de la proteína roja animal es intensa en la zona.


Desde la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, el presidente, Reinaldo Díaz, cree que se debe garantizar la propiedad privada para no comprometer las inversiones e infraestructura productiva amenazadas por los aseantamientos humanos ilegales. “Hay que desalojar las tomas”, sentenció.   

Advierten riesgos 
Desde la Dirección de Recursos Naturales de la Gobernación de Santa Cruz, José Tarima indicó que la solución de la reserva Guarayos es compleja porque hay asentamientos y producción agrícola y pecuaria intensiva que afianza la seguridad alimentaria del país. 


De El Choré, dijo que la situación es preocupante porque ya se deforestó 50.000 hectáreas de las 868.000 que abarca la reserva y, lo peor, que los invasores están ‘matando’ el servicio ambiental más preciado  -lluvia- que garantiza las condiciones climáticas en las zonas más productivas del país. “El Gobierno debe fijar una política de conservación responsable de El Choré”, manifestó.

Encuentro institucional  
Hoy, a las 9:00, una reunión entre entidades del Gobierno     -ABT e INRA- con los actores productivos abordará la problemática de las reservas. Será en oficinas de la CAO. 
En la presente jornada, el INRA prevé fijar una posición institucional 



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