Dan detención domiciliaria a Uribe y Felcc lo vincula en millonario robo

Después de más de tres horas de audiencia cautelar se escribe un nuevo capítulo en el caso del robo millonario de $us 7,7 millones en la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas). Este episodio, que tuvo como protagonista al expresidente de la cooperativa, Iván Uribe Rivero, determinó el arresto domiciliario del empresario después de que fuera aprehendido el miércoles e imputado por la Fiscalía por los presuntos delitos de estafa agravada con víctimas múltiples, falsedad de documentos y uso de instrumento falsificado.

La jueza de Instrucción Cautelar en lo Penal, Carla Lorena Añez, ordenó la detención domiciliaria que fue complementada con una fianza de Bs 300.000, arraigo o prohibición de salir del país, la anotación preventiva de sus bienes patrimoniales, la prohibición de asistir a la telefónica y comunicarse con los investigados y procesados.

“Desde nuestro punto de vista no existen riesgos o la probabilidad de autoría. Discrepamos en lo que determinó la juez porque consideramos que debió dar (a Uribe) una libertad irrestricta. Sin embargo, en su valoración estableció que podía existir un solo riesgo que sería que pueda influir sobre alguno de los otros investigados en este caso, motivo por el que impuso esta medida sustitutiva”, aseveró el abogado del expresidente, Otto Ritter.

El hombre de leyes enfatizó que no existe ninguna acusación en contra de Uribe, sino una imputación “que se basa en la declaración de un mentiroso (Hubert Gil). Nuestro defendido es víctima de un delincuente confeso que quiso embarrar a todo el mundo”, manifestó.

Además, agregó que entre los elementos que valoró la juez está el estado de salud de Uribe, que padece de una patología cardíaca -según un informe médico presentado por la defensa- y tendrá garantías para acudir a un centro de salud cercano. Ritter también afirmó que su defendido tendrá escolta policial.

Uribe, con un semblante más tranquilo y con signos de haber derramado lágrimas (en la previa estuvo nervioso, fatigado y tembloroso), afirmó que está en una situación jurídica en la que no puede dar detalles de su declaración, pero aseveró que participará del proceso hasta que se esclarezca. El empresario estuvo acompañado en todo momento de sus tres abogados y fue seguido de cerca por su hijo.

“Estos fueron los peores días de mi vida, una pesadilla. Más adelante veremos qué es lo que va a pasar, pero tenemos fe de que todo se irá aclarando. Hoy la cooperativa tiene un nuevo directorio y ellos deben trabajar para que no pierda su gobernabilidad”, expresó.

Desde la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el director Gonzalo Medina, esquematizó el modus operandi, a través de un gráfico, que ejecutaron los presuntos autores, cómplices y encubridores del robo de $us 7,7 millones detectados en una auditoría realizada al programa Cotas en Cuotas.

El jefe policial detalló que por datos aportados por los aprehendidos se tiene información de que se daba un retiro masivo de televisores de la importadora Daher para ingresarlos a Media Market, proveedora de equipos.

Lo curioso, según dijo, es que los televisores no eran entregados a los socios solicitantes de la cooperativa Cotas, sino eran desviados y comercializados en el ‘mercado negro’. “A consecuencia de esta acción irregular que generó un daño económico a la cooperativa tenemos cuatro aprehendidos preventivamente en Palmasola (Xavier Grigotá Vázquez Masi, Hubert Alcides Gil Antelo, Jesús Humberto Justiniano y Richard William Áñez Chávez), a Margoth H. con detención domiciliaria y al expresidente de Cotas, Iván Uribe, en quien hemos encontrado suficientes elementos de convicción que establecen su participación en este millonario hecho delictivo”, puntualizó Medina, al detallar que, al momento, se encuentra prófugo Widen V. P.

Del mismo modo, refirió que se ejecutaron cuatros órdenes de allanamiento a domicilios de Uribe y de Widen V. P., propietario de Media Market. A raíz de la intervención se secuestró documentación (recibos y cartas) y objetos relacionados al presente caso, como 14 televisores plasma de alta gama, un equipo completo de música, un receptor HD REC, siete computadoras portátiles y tres de escritorio, además de dinero en efectivo ($us 4.500 y Bs 15.700) y otros objetos.

El allanamiento a la casa y a la oficina de Uribe fue criticada por Wálter Arrázola, jurista patrocinador del exejecutivo de la telefónica, que denunció excesos en la intervención policial.

“Él se presentó voluntariamente en la Fiscalía. En su declaración dijo que no era necesario allanar su empresa o su casa y que podrían entrar cuando quieran a simple solicitud”, señaló Arrazola, al detallar que esto no sucedió porque las fuerzas del orden entraron a su empresa, arrestaron al guardia de seguridad y a la secretaria, secuestraron computadoras, sacaron el CPU de la cámara de seguridad y se llevaron dinero y cheques para pagar proveedores.

Sin garantía

A su vez, Néstor Higa, abogado defensor de Widen V. P., propietario de una de las proveedoras involucradas en el caso Cotas en Cuotas, rechazó la sindicación de prófugo contra su defendido proveniente desde la Policía. Sostuvo que desde que estalló el escándalo por el millonario robo en Cotas, se buscó inculpar a su cliente.

Adelantó que su defendido no se presentará a declarar mientras el Ministerio Público no dé garantías reales, que aseguró está a buen recaudo dentro del país y que no fugó. Dio cuenta, de que incluso se emitió un mandamiento de aprehensión contra su cliente por estafa agravada con víctimas múltiples, cuando en realidad solo existe un denunciante: Cotas.

“Cómo se va a presentar con semejante irregularidad. Ellos no pueden emitir un mandamiento de aprehensión cuando la tipificación del delito no da. El día que emitieron esa orden no se amplió la denuncia contra él”, afirmó Higa, al dar cuenta de que la Fiscalía cometió un atropello “por hacer un show” de este caso que, en el plano mediático, se hace ver a Widen V. P., como un tipo que se enriqueció de la noche a la mañana. “Incluso nos hemos sumado a la denuncia que planteó Daher contra Cotas, porque la cooperativa tiene una deuda de $us 500.000”, afirmó.

Versión de la telefónica

Fuentes de Cotas aclararon que hay que diferenciar dos procesos irregulares. Uno con Daher y otro con Media Market. El procedimiento con Daher es por solicitudes y pago sin que hayan los descargos correspondientes -se pagó por una cantidad x, por un determinado periodo, y ellos no tienen cómo descargarse.

El problema con Media Market ingresa en el campo penal porque es probable, que de acuerdo a indicios, de que las solicitudes se hicieron desde esa empresa, en complicidad con algunos funcionarios de Cotas, y que se hayan generado pedidos masivos que en realidad nunca salieron de Media Market.

El abogado de Cotas, Raúl Paniagua, señaló que defenderán la institucionalidad y los intereses de la víctima que en este caso es Cotas y, en el ámbito jurídico, señaló que son respetuosos de la investigación de la Fiscalía.

DIPUTADO CRUCEÑO SE SUMA A PEDIDO DE CORFORMAR COMISIÓN LEGISLATIVA PARA INVESTIGAR CUANTIOSO DESFALCO
La Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara Baja, presidida por el diputado cruceño Henry Cabrera, solicitó que se pueda conformar una comisión mixta para investigar el caso Cotas. “La Cámara de Diputados y la Constitución Política del Estado nos otorgan el mandato de hacer fiscalizaciones a este tipo de cooperativas”, sostuvo.

Asimismo, Cabrera señaló que se solicitó, junto al diputado Luis Felipe Dorado, un informe escrito con más de 40 preguntas a través del Ministerio de Trabajo y la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (Afcoop). A esta última entidad también se requirió un informe oral para el 20 de marzo donde se presente la documentación remitida por la cooperativa.

“Solicitamos que se convoque a los otros gerentes de Cotas, quienes tendrían información para que esto se pueda esclarecer. No solicitamos una intervención, sino una fiscalización e investigación para dar con los responsables”, expresó el diputado, a tiempo de señalar que dentro de las cooperativas no se delega responsabilidades, sino que se deben cumplir funciones.

Además, Cabrera manifestó que investigar a las empresas que prestan servicios a Cotas y saber qué grado de parentesco o actividad tienen con ejecutivos de la cooperativa es la punta del ovillo para continuar con las investigaciones.

Cabe recordar que el pedido asoma después de que el presidente de la Cámara Baja, Víctor Borda, informara de que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) analiza si es o no pertinente la conformación de una comisión para investigar el millonario robo en la telefónica cruceña.

“Analizaremos, tendremos una respuesta hasta el viernes (por hoy), si la Asamblea se constituye y asume investigación, independiente del Ministerio Público o lo dejamos a su jurisdicción”, explicó la autoridad.

Al momento, son seis las personas investigadas por las irregularidades, de las cuales cuatro fueron enviadas, de manera preventiva, a la cárcel de Palmasola.

EN LA AUDIENCIA, UN MÉDICO FORENSE CERTIFICÓ Y ADVIRTIÓ QUE LA VIDA DEL EXTITULAR DE COTAS CORRÍA PELIGRO
En su defensa material frente a la juez, el imputado Iván Uribe, se quebró y denotó estar afectado. Derramó lágrimas y relató que este episodio ingrato le ha cambiado la vida y que no tiene ganas de seguir viviendo. Reafirmó, una vez más, que conocidos los resultados de la auditoría interna al programa Cotas en Cuotas puso a conocimiento del directorio del Consejo de Administración los resultados y es en esa instancia que recibió respaldo para sentar la denuncia penal, en la Policía, contra los presuntos autores del robo. Además, activó los mecanismos de resguardo para proteger los intereses de la cooperativa y recuper el dinero desfalcado.

En su intervención dijo que hay personas, sin citar nombres, que pretenden aprovecharse del trago amargo que pasa para tratar de empañar y deteriorar la imagen construida en más de 30 años de trabajo profesional.

Como prueba del deterioro de estado de salud Uribe presentó a la juez un certificado médico cuyo diagnóstico alerta muerte súbita y en la audiencia un médico forense controló, con frecuencia, su presión arterial y al ser consultado por la juez respondió que su vida corría peligro por una cardiopatía y mencionó la ‘muerte súbita’.