Cristóbal Roda: “El sector agrícola y el industrial sembró e invirtió, el Gobierno no cumplió los plazos”

El líder del grupo empresarial Roda y presidente del Ingenio Sucroalcoholero Aguaí denota preocupación por la lentitud del sector estatal en la aprobación de la ley de los biocombustibles y el contrato entre la estatal petrolera YPFB y los ingenios. Asegura que la pelota está en la cancha del Poder Ejecutivo y que desean que el aparato estatal siga el ritmo de los actores del complejo azucarero.

—¿Cuál es el balance en términos de producción y de volumen de azúcar y de alcohol en la molienda cañera en curso?
El avance de cosecha de caña en campo en los ingenios de Santa Cruz bordea un 30%. Han pasado 45 días y los resultados de  rendimiento del cultivo en campo son satisfactorios y similares a los de 2017 que fueron buenos. El nivel de sacarosa está un poco bajo, pero en rangos aceptables. Los ingenios estamos produciendo azúcar y alcohol. Este último derivado de la caña lo estamos acumulando para que a partir de agosto, en el caso de Aguaí, se lo convierta en alcohol anhidro para mezclar como aditivo a la gasolina.

A partir de dicho mes, conforme al convenio verbal que tenemos con YPFB, empezaremos a producir biocombustible. En el caso específico de Aguaí el montaje de la planta deshidratadora alcanza un 80% de avance. Seremos el primer ingenio en tener una planta deshidratadora con una capacidad de producción de 750.000 litros de alcohol anhidro por día mediante el sistema más moderno y amigable con el medioambiente -tamiz molecular-. Nosotros ya producimos 15 millones de litros de alcohol hidratado y hemos pasado los 400.000 quintales de azúcar.  

—Del total de caña que dispone Aguaí, ¿cuánto destinará para producir azúcar, cuánto para alcohol y cuánto para etanol?
Este año Aguaí estima moler 1.600.000 toneladas de caña, 500.000 (40%) más que en la zafra 2017. Del volumen global que produzcamos, un 60% se destinará al programa de alcohol anhidro y 40% restante vamos a producir el alcohol hidratado para nuestros clientes tradicionales de Europa y países de la región (Perú, Chile, Argentina y Uruguay). El sector privado, agrícola e industrial, está más adelantado que el Gobierno en el proyecto bioetanol. El sector privado tiene el  etanol para los biocombustibles.  

—Un experto argentino en suelo cañero dice que Bolivia debe apuntar a la fertilización balanceada para duplicar los rendimientos actuales en los campos cañeros ¿Aguaí encara un plan estratégico tomando en cuenta que ahora produce azúcar y alcohol hidratado y pronto etanol y energía?
El gran desafío del productor cañero a partir de este año está en mejorar su productividad. En el caso específico de Aguaí, hemos hecho un esfuerzo y estamos apostando por la investigación en campo. Estamos trabajando con laboratorios y expertos del norte argentino y de Brasil probando nuevas especies. Aguaí implementó 100 hectáreas de caña bajo el sistema conocido como fertirriego. Es un riego que por goteo rocía agua y fertilizantes.  Estamos probando seis variedades diferentes de caña.

Creemos que una de las mejores alternativas para elevar los rendimientos en campo va a ser la investigación y Aguaí invirtió $us 500.000 para hacer un ensayo en 100 hectáreas.   Vamos a ver las bondades y si esa es la solución para elevar los rendimientos a niveles de otros países. Nuestra meta son 80 toneladas por hectárea. Con buenas prácticas en campo, fertilización y mecanización en siembra y en cosecha rondamos las 70 toneladas por hectárea. Estamos ‘pisando los talones’ de rendimientos de los países vecinos.

—El programa de biocombustibles irrumpió con mucha fuerza, pero parece que se desinfló, ¿cuáles son las razones que condicionan el despegue o avance de este proyecto? 
Nos preocupa la lentitud del sector estatal en la aprobación de las normas respectivas del programa de los biocombustibles. También nos preocupa que no hayamos avanzado en el contrato entre los ingenios y la estatal YPFB. Sin embargo, vemos voluntad política muy segura del presidente, del vicepresidente y del ministro de Hidrocarburos, pero en los rangos intermedios está costando la introducción de los biocombustibles. A pesar de eso, el entusiasmo del sector privado permanece íntegro a tal extremo que ya plantamos la caña para el proyecto de los biocombustibles para 2019.

Como sector privado nos hemos adelantado. Sabemos que el Ministerio de Hidrocarburos contrató expertos internacionales para asesorarnos en lo que es la introducción del biocombustible en Bolivia. YPFB también está trabajando, pero no en el ritmo que desearíamos.

La pelota está en la cancha del poder Ejecutivo. Creo que falta un ‘poquito’ de presión de los dignatarios de Estado a los niveles intermedios para agilizar la aprobación de la ley de los biocombustibles y del contrato entre YPFB y los ingenios. El sector agrícola y el industrial sembró e invirtió, el Gobierno no cumplió los plazos acordados. Hasta septiembre tiene que haber biocombustible en las estaciones de servicio. 

—Habla de norma y de contrato, ¿son estos los factores que realmente condicionan el avance del proyecto o es el tema precio?
No es el precio porque ya tenemos un ‘medio’ consenso. Yo diría que un 90% del precio está definido, eso no nos preocupa. Nos preocupa la normativa. El precio ya está definido, por lo tanto, es un tema de normativa.  

—¿Qué pasaría si el Gobierno no viabiliza la normativa para el proyecto bioetanol?
Tiene que salir, sino la pregunta es ¿qué vamos hacer con tanto alcohol anhidro? El simple compromiso del Gobierno generó un entusiasmo y una reacción positiva del agricultor y del industrial.  A pesar que no hay ley, no hay contrato, hemos tomado la palabra de nuestros gobernantes y el proyecto tiene que salir. Por lo tanto, esto no tiene retro. Tiene que encaminarse, porque no hay otra opción. ¿Qué vamos a hacer con 120 millones de litros de etanol?

—¿Usted cree que el Gobierno perdió interés en este proyecto? 
No. En absoluto. Bolivia está importando 20% de las gasolinas. El Gobierno está comprando a un precio mayor porque el barril de petróleo está en $us 75. Nosotros le vamos a vender el equivalente a una gasolina con mejor calidad de octanaje y amigable con el medioambiente a menor precio que el importado. No hay por donde pierda interés el Gobierno. El mercado está, la voluntad está y el precio está. A nosotros no se nos ha pasado por la cabeza en ningún momento que este proyecto no salga porque las inversiones están hechas en función a un compromiso del presidente, del vicepresidente y del ministro de Hidrocarburos. Dudaríamos si hubiese sido de cualquier otra autoridad.  

—¿Usted cree que el Gobierno no acompaña el dinamismo de las inversiones del sector agroindustrial azucarero?
El sector privado hasta aquí hizo su tarea. El aparato estatal está con problemas de normativa y tenemos entendido que YPFB está trabajando en lo que corresponde a logística. Está faltando que el eslabón final de la cadena -estaciones de servicio- modernicen sus instalaciones para vender el biocombustible. Sé que YPFB está negociando con este sector.