El Decreto 3578 fue aprobado ayer por el presidente Morales. Asosur desconoce aún los alcances de la norma. Analista observa que la renta no está garantizada

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2 de junio de 2018, 8:00 AM
2 de junio de 2018, 8:00 AM

Ante una masiva concentración en la plaza Murillo, el presidente Evo Morales promulgó ayer el Decreto 3578 que establece la modalidad Solidaria de Recaudación del Sistema Integral de Pensiones para el Sector Público del Autotransporte, que beneficiará inicialmente a 8.000 choferes de más de 60 años de edad y a 10.000 que están entre los 50 y 60 años con Bs 725. 

La normativa, recibida con mucha satisfacción por el sector, establece que las estaciones de servicio sean agentes de retención del aporte sectorial, ya que los recursos de la renta solidaria se generarán cada vez que un vehículo del sector público cargue gasolina especial, diésel oil y Gas Natural Vehicular (GNV). La Asociación de Surtidores (Asosur) analizará el tema la próxima semana.

“Este decreto no significa que las tarifas del transporte van a subir. Es un aporte voluntario y del bolsillo de los transportistas”, explicó el ministro de Economía, Mario Guillén. Añadió que si alguien sufre algún accidente, su familia también va a estar asegurada porque va a tener una renta.

El presidente Morales resaltó la creación de este nuevo aporte al sector “que trabaja día y noche”. Las primeras pensiones serán pagadas de aquí a 420 días, cuando la ANH y los agentes de retención adecuen sus sistemas y se recaude una reserva que asegure el pago.
Los transportistas de Cochabamba rechazan el sistema y aclaran que no es obligatorio.

Asosur

Entre tanto, Sussy Dorado, gerenta general de Asosur, dijo que no podía adelantar ningún criterio acerca del nuevo decreto y declaró que el sector analizará la normativa. 

“Tenemos que llamar a una asamblea nacional donde participen todas las estaciones para la próxima semana. Una vez sepamos cuál va a ser el trabajo, les comunicaremos a todos y sabremos cómo vamos a actuar”, añadió.

No hay garantías

Bruno Rojas, analista del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), explicó que con este decreto, se crea una incertidumbre en sentido de la sostenibilidad del pago de estas rentas de jubilación porque no se garantiza un fondo que permita cubrir la renta de estos trabajadores. 

“Se libera de responsabilidades a empresarios del transporte. Es un error que se comete que hace que el sistema beneficie al que realiza la recaudación y no a los interesados”, señaló.