Constructores estiman Bs 500 millones para sortear crisis y la Gobernación regulariza pagos

Contundente. La coyuntura de emergencia y ‘bache’ económico que afrontan las empresas del sector constructor del país atribuidos al incumplimiento de pago de planillas de avance de obras públicas, desde la perspectiva del sector constructor del país, se puede remontar con Bs 500 millones. 

Según el gerente general de  la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), Javier Arze, este monto asoma de la propuesta delineada por esta organización empresarial. Enfatizó que el alcance proyectado es nacional.  

El planteamiento de Cadecocruz, según Arze, se divide en dos partes. La primera, es estructural y largo plazo. Implica un proyecto de ley para que la planilla de avance de obra sea un documento mercantil. En la elaboración de la norma participan la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia (ASFI), el Ministerio de Economía, el Ministerio de Obras Públicas y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Construcción. A partir de este proyecto se perfila una solución estructural financiera para el sector de la construcción. 

La otra directriz del plan es urgente e inmediata. Para reactivar la economía sectorial, Arze dijo que se plantea la creación de un fideicomiso de Bs 500 millones para que las pequeñas y medianas empresas impagas del sector puedan presentar sus planillas y que estas sean reconocidas como documento mercantil. 

Dijo que la idea es favorecer y hacer efectivo el desembolso a las empresas ‘chicas’ y medianas con planillas de hasta Bs 1 millón. El costo administrativo y financiero lo asumirá la empresa. “Entre un 2 y un 3% de la planilla quedará para los que administren este fideicomiso”, señaló Arze. 

El ejecutivo de la Cadecocruz cree que esta medida inmediata puede ayudar a las pequeñas y medianas empresas a seguir operando y culminar sus proyectos, además, evitar que la cesantía de la mano de obra siga creciendo de manera exponencial. Del sector de la construcción dependen, a escala nacional, 500.000 operarios. 

Contexto nacional 

Desde la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), su presidente Franklin Pérez, en contacto telefónico, aseguró que la situación que pasan los constructores por el incumplimiento de pago de planillas de avance de obras públicas es insostenible porque hay empresas que arrastran deudas con los tres niveles de Gobierno, inclusive, desde la gestión 2017.  

Fuera de eso, según Pérez, las empresas sufren una presión por incumplimiento de obligaciones tributarias que son castigadas con multas y fiscalizaciones exageradas. A ello, dijo que se suma la presión de los trabajadores, los proveedores de insumos y servicios impagos.   
El máximo ejecutivo de los constructores del país aseguró que está vigente un fondo rotatorio del Ministerio de Economía de Bs 700 millones, pero que en este momento el sector requiere tres veces más de ese monto para tener liquidez. Adelantó que plantearán al Gobierno la creación de un fideicomiso y que la planilla de avance de obra se vuelva un documento mercantil y una vez aprobada la planilla la constructora pueda cobrar y tener liquidez. 

Empresariado pide diálogo 
A juicio del presidente de la Confederación de Empresarios de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, para enfrentar el problema deben acelerarse los acuerdos suscritos en febrero, respecto a temas como la devolución de la garantía de cumplimiento de contrato cuando se ejecute un 70% de la obra, liquidación final a la recepción provisional de obra, privilegiar la contratación de empresas bolivianas en obras de envergadura, incentivar a las entidades contratantes la ejecución de obras por tramos y que las planillas de avance de obra aprobadas por el supervisor y el fiscal sirvan de garantía para ser financiados por instituciones de intermediación financiera. 

Nostas cree que debe haber diálogo y darse un acuerdo con el fisco y el Ministerio de Economía para que se disminuya la presión que se ejerce actualmente contra las empresas constructoras. Asimismo, de forma urgente, identificar y solucionar los casos en los que las deudas con las constructoras, tengan años de retraso porque está ocasionando el cierre, el achicamiento, el despido de personal y la quiebra de muchas empresas.  “El Gobierno debe destinar recursos provisionales, únicamente para el pago a empresas bolivianas con adeudos superiores al año, para permitir el salvataje no solo de la empresa sino de los puestos de trabajo “, puntualizó.  

Se intentó, sin éxito, un contacto con representantes del Gobierno para conocer su versión sobre la propuesta de los constructores. No obstante, se conoció que en la presente semana habrá un encuentro de altas autoridades de los ministerios de Economía, de Planificación del Desarrollo y de Obras Públicas con la dirigencia nacional del sector constructor para analizar la problemática de los constructores y las posibles soluciones.  

Pago de deudas  

Desde la Gobernación de Santa Cruz, el asesor general José Luis Parada, indicó que de los Bs 100 millones desembolsados por regalías del megacampo Incahuasi Bs 60 millones se destinaron para regularizar los pagos retrasados de 25 proyectos en ejecución y que corresponden a electrificación, infraestructura vial, proyectos de política social y salud. “Este año no se licitó ningún proyecto para regularizar y no seguir con deudas atrasadas. “El Gobierno debiera hacer lo propio”, dijo Parada. 

Sobre la crisis de los constructores, Parada asoció el nivel la ejecución presupuestaria de las empresas públicas (16% hasta abril) y concluyó que hay un espejismo presupuestario porque el Gobierno no tiene plata y encima está castigando a las empresas.