Los abogados de la parte acusatoria apelaron la sentencia del juez estadounidense que falló a favor de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín por las muertes civiles en octubre de 2003

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28 de junio de 2018, 18:53 PM
28 de junio de 2018, 18:53 PM

Los abogados de los familiares de las víctimas de 'octubre negro' apelaron la decisión del juez estadounidense James I. Cohn, que el mes pasado revirtió el veredicto de un jurado ciudadano que había declarado a Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín responsables por las muertes de civiles en 2003.

Cohn argumentó que no se encontró evidencia de un plan para asesinar a civiles en medio de las protestas sociales en las que más de 60 personas perdieron la vida.

En cumplimiento de lo anunciado luego de la sentencia del juez, los abogados de las víctimas presentaron su apelación ante la Corte de Apelación del Circuito 11. "Esto puede durar uno o dos años y haremos la apelación inmediatamente. Creemos que el juez se equivocó, porque el pueblo, a través del jurado, dijo que las muertes fueron provocadas", indicó el abogado Thomas Becker tras conocer la sentencia de Cohn.

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En tanto Gonzalo Sánchez de Lozada escribió un comunicado en la que decía que el dictamen comprobó que su Gobierno "actuó de acuerdo con la ley y que nunca tuvo intención de causar daño a nadie”.  Mientras que Carlos Sánchez Berzaín calificó la decisión  de Cohn como “un acto de justicia desde EEUU para toda Bolivia”. 

Lo que viene ahora es esperar que la Corte de Apelaciones defina un cronograma con los pasos a seguir.

Antecedentes

El 3 de abril de este año, tras un juicio de tres semanas, un jurado compuesto por diez ciudadanos determinó que el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y quien fuera su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, fueron responsables de las ejecuciones extrajudiciales y les ordenó entonces pagar 10 millones de dólares a los familiares de las víctimas.

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Los abogados de la defensa pidieron al juez James I. Cohn, que debía validar o revertir el fallo del jurado, que desestimara la decisión porque no había evidencia de un plan para matar civiles. El 30 de mayo, Cohn aceptó su moción.