Una turista puso en jaque a la justicia y tras las rejas a sus agresores

Cuando Vasilesa Komarova, que tiene nacionalidad rusa y británica, llegó a Bolivia nunca imaginó que el gran viaje de su vida se convertiría en una pesadilla. La madrugada del 4 de junio de 2017, mientras dormía, fue atacada por tres hombres que la violaron, le robaron e intentaron asesinarla.

El hecho ocurrió cuando acampaba en la laguna Bravo, a cuatro kilómetros de Santa Rosa de Yacuma, en la región de Rurrenabaque.

Tras el ataque, tuve que enfrentar a un sistema policial y judicial que “apenas tomó nota de mi denuncia hasta que pedí la intervención de mi embajada”, dijo.

Komarova, de 37 años, es una experimentada motociclista que a principios del 2017 emprendió un plan de viaje que incluía un recorrido desde la Patagonia hasta Alaska. Ingresó a Bolivia por Villazón, pasó varios días en Uyuni, viajó por Tarija, Cochabamba, Oruro y Santa Cruz antes de llegar a Rurrenabaque, “un lugar que todos describen como un verdadero paraíso de la naturaleza”, sostuvo.

Pero ese paraíso se tornó en el mayor desafío de su vida. “Fui violada, atacada con machetes (…) robaron todas mis pertenencias, cortaron los cables de mi moto y seguro me dieron por muerta”, relató.

Luego del shock, su mayor sorpresa fue la actitud de las autoridades. “Al día siguiente la Policía registró mi denuncia pero solo actuaron cuando recibieron una llamada de la Embajada Rusa”, detalló Komarova.

La población de Santa Rosa de Yacuma contribuyó en la búsqueda de sus atacantes que fueron detenidos y sometidos a una demanda legal por violación, intento de asesinato y robo agravado. 

La primera audiencia se cumplió en Rurrenabaque, luego trasladaron el proceso a Reyes y finalmente el juicio se cumplió en San Borja.

“Pasaron seis meses y el juicio estaba estancado, nadie me brindada información, la Embajada Británica que me brindó apoyo a las dos semanas del hecho porque tengo doble nacionalidad, intervino nuevamente y recién las autoridades tomaron en serio el juicio”, explicó.

En ese periodo tuvo que sobrevivir como pudo. “Trabajaba como entrenadora personal en un improvisado gimnasio y ayudaba en todo tipo de pequeños trabajos para cubrir mi alimentación, pero además tenía que conseguir recursos para pagar los trámites del juicio y los viajes a las audiencias”.

La última fase del juicio se instaló en San Borja, distrito judicial del Beni. “Para llegar a las audiencias debía viajar entre seis y ocho horas, intransitables en época de lluvias, y varias veces hice el viaje en vano, porque las audiencias se suspendían”, lamentó.  En esas condiciones, tuvo que asistir al menos a diez audiencias.

En esa fase, con la asistenta consular de la Embajada Británica Komarova habló con varias autoridades. “El Alcalde comprometió su ayuda y me contactó con una abogada que inicialmente me dijo que me brindaría asistencia legal gratuita, pero luego me pidió dos mil dólares, ¿de dónde iba yo a sacar ese dinero?”, cuestionó.

Entonces la representación diplomática británica contactó al Ministerio de Justicia que asignó a una abogada de los Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (SIJPLU) . 

“En Bolivia la víctima no tiene ninguna protección.  He viajado mucho y nunca me he topado con tanta burocracia y tanta corrupción”, afirmó Komarova y añadió que “lamento haberme topado con gente mala en este país, pero lamento más que las personas que tienen que hacer su trabajo, como los policías, fiscales y abogados, no hagan nada para que este mundo sea mejor”.

Permaneció casi un año en Bolivia hasta que el 23 de abril de 2018 logró que el Tribunal de Sentencia de San Borja sancione a Yery Yamil Caller Yumacale, Fabio Jesús Góngora Bazán y José Jovani Bazán Góngora, a 25, diez y siete años, respectivamente, por violación, tentativa de asesinato y robo agravado, que deben cumplir en una cárcel del Beni.

En un breve comunicado que la Embajada Británica entregó a ANF, rinde homenaje “a la fortaleza y determinación de Vasilisa para ver que se haga justicia” y expresa que la sentencia contra sus agresores “envía un fuerte mensaje de que quienes comenten estos atroces delitos serán severamente castigados”.  También destaca “el apoyo del Ministerio de Justicia, a través del Servicio Integrado de Justicia Plurinacional, que aseguró la objetividad y transparencia en este caso”.