Un juez de EEUU revierte fallo contra Goni; víctimas apelarán decisión

El juez estadounidense James Cohn no encontró evidencia del momento exacto en el que Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín concibieron un plan para asesinar a civiles en Bolivia para imponer políticas de gobierno impopulares durante octubre de 2003. Por ello, revirtió el veredicto del jurado que había declarado culpables a las exautoridades y concedió la moción a sus abogados defensores, que habían solicitado a la corte que desestime esa decisión por falta de pruebas. Los abogados de las casi 60 víctimas fatales de ‘octubre negro’ ya anunciaron que apelarán ante el 11.º Circuito, mientras que desde Estados Unidos Goni asegura: el dictamen “comprobó que mi Gobierno, incluyendo al ministro Carlos Sánchez Berzaín, actuó de acuerdo con la ley y que nunca tuvo intención de causar daño a nadie”.  “Este es un acto de justicia desde EEUU para toda Bolivia”, añadió Sánchez Berzaín en contacto telefónico. 

Una hipótesis complicada
El juez Cohn no ha declarado a Goni y su exministro de Defensa inocentes de la masacre de ‘octubre negro’. Lo que dice en su fallo es que la acusación no pudo demostrar que ambos tuvieran un plan previamente concebido para matar civiles a fin de imponer la venta de gas a EEUU a través de Chile. 

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Como recordó Sánchez Berzaín, los abogados estadounidenses que patrocinan a las víctimas alteñas, ya habían sido ‘rebotadas’ dos veces por las cortes de Estados Unidos en su intención de llevar a Goni y al ‘Zorro’ al banquillo de los acusados, por su imposibilidad de demostrar que las muertes de octubre fueron ejecuciones extrajudiciales como la ley estadounidense las describe: “Un asesinato deliberado emprendido con consideración y propósito estudiados”. Por eso, en instancias pasadas -las acciones judiciales comenzaron en 2008- ya se había exigido que cada una de las muertes denunciadas encajaran en esta descripción y se había denegado el derecho a los demandantes de llevar a juicio a las exautoridades. 

En la tercera demanda presentada por la Clínica de Abogados de los Derechos Humanos de Harvard incluyeron una nueva hipótesis: “Los demandados ingresaron al Gobierno con un plan preconcebido para matar deliberadamente a civiles a fin de reprimir la oposición a sus políticas económicas”. 

Según la demanda, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín sabían que “las protestas políticas habían presionado exitosamente a los gobiernos pasados para cambiar políticas impopulares” y, por ello, decidieron “usar una fuerza militar ilegal y letal contra civiles bolivianos para asegurar que las protestas anticipadas no tuvieran éxito”.  

Toda esta hipótesis reposaba en el testimonio de Víctor Hugo Canelas, exministro de Gobierno de Goni, que antes del juicio oral dijo que fue parte de una reunión en 2001 en la que el ‘Zorro’ criticó la gestión de la ‘guerra del agua’ por parte de Hugo Banzer y aseguró que cuando regresaran al poder eludirían esos problemas evitando mandar a la calle a ‘mostrencos’ y en su lugar mandarían militares entrenados en Beni para enfrentar a los manifestantes. Según Canelas, Berzaín dijo que si era necesario se mataría a 1.000 o 2.000 personas y que Goni había aprobado esa conducta. 

Cuando llegó el momento de su testimonio en el juicio, Canelas confirmó la frase del ‘Zorro’, pero no ratificó que Goni hubiera convalidado el ‘plan’. 

Esto fue explotado por Anna Reyes, abogada de Goni, que lo remarcó durante el interrogatorio de Canelas en el juicio. Los abogados de las víctimas de octubre trataron de respaldar la existencia de un plan sobre la base del Plan República de las Fuerzas Armadas y mostrando que en todos los escenarios de la masacre, que se desarrolló entre septiembre y octubre de 2003, los militares dispararon de forma indiscriminada contra civiles. 

En su fallo, el juez Cohn consideró que el hecho de que existan múltiples asesinatos no implica que haya un plan para asesinar. 
En este caso, al tratarse de un juicio civil que trataba de obtener una compensación económica para las víctimas, la existencia de un ‘plan’ que convierta las muertes en ejecuciones extrajudiciales era vital. No juzgó si los dos acusados eran en algún grado responsables de los asesinatos. 

En su fundamentación del fallo, Cohn consideró que ni siquiera el hecho de que el Ejército haya disparado contra civiles en diferentes escenarios prueba de que hubiera sido una acción planificada y que, “a lo sumo, la evidencia respalda que los demandados respondieron a los disturbios civiles en su país con mano dura, y que algunos miembros no identificados del Ejército boliviano dispararon contra civiles por razones desconocidas. Pero eso es insuficiente para imponer la responsabilidad de ejecuciones extrajudiciales a estos demandados”.

“Billeteado”

El fallo fue recibido por las víctimas de la masacre de octubre con indignación. “Ha corrido plata por abajo”, dijo un molesto Teófilo Baltazar, el hombre a quien mataron a su mujer embarazada durante octubre de 2003. “¿Cómo es posible que un solo juez revierta la decisión de 10 personas?”, se preguntaba aún incrédulo. “Seguramente vamos a apelar, pero ya habíamos visto a este juez queriendo parcializarse”, añadió. 

Sánchez Berzaín era la cara opuesta. “La decisión del juez es un acto de justicia”, decía desde el teléfono. “Se corresponde con los datos del proceso y la verdad histórica. Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín lideraron un gobierno democrático contra el cual hubo una conspiración y un derrocamiento”, dijo y acusó a Evo Morales y Felipe Quispe de conspiradores y a Carlos de Mesa, su vicepresidente, como autor de una “alta traición”.

Se declaró a sí mismo inocente, acusó de las muertes a Morales, a Quispe y a Mesa, y aseguró que los militares solo defendían a un gobierno legalmente constituido. El fallo de Estados Unidos no usa la palabra inocente, solo dice que los demandantes no probaron que hubiesen entrado al Gobierno con un plan para matar civiles. Solo Evo Morales y Soledad Chapetón, alcaldesa de El Alto, usaron el Twitter para rechazar el fallo. El resto de los políticos lo ignoró. Ahora, según Carlos Romero, ministro de Gobierno, al Estado le queda seguir con la vía penal para tratar de que EEUU devuelva a Sánchez de Lozada y a Sánchez Berzaín para que sean juzgados en Bolivia. 

Largo camino

Denuncia legal
La demanda contra Goni y el ‘Zorro’ se ventiló en un juzgado civil de Fort Lauderdalle, en Florida. 

Revierte el veredicto
En abril, el jurado estadounidense había dado la razón a las víctimas y había impuesto una indemnización de $us 10 millones. 

El Marco
Estaba enmarcada en una ley de 1991 que permite enjuiciar a autores de torturas y ejecuciones extrajudiciales por más que los delitos no se realizaran en EEUU.