Socio de Quiborax ganó a la AEMP un proceso en el TSJ

David Moscoso Ruiz es un enigma. Fue socio de la minera chilena Quiborax y tenía en Bolivia su empresa llamada No Metallics Mineral (NMM). No aparece en la escena mediática y se desconoce su paradero. Aún así, en esta gestión, el 18 de enero, ganó una demanda de reparación de daño a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP), que se querelló contra el empresario boliviano por falsificar el acta de constitución de la alianza entre Quiborax y NMM. Esta movida ilegal permitió que el consorcio chileno opere en Bolivia y luego que demande al Estado.

El auto supremo salió el 18 de enero de esta gestión. Fue dictado por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), luego de analizar el proceso que inició la AEMP contra Moscoso Ruiz. La entidad estatal pidió la reparación de daño, pero el máximo ente judicial del país lo denegó, según el acta. Así, el empresario queda totalmente liberado de culpa en todo el proceso judicial que se vincula con Quiborax.

“La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y el art. 277.I en relación a los arts. 274.II num. 2) y 220.I num. 3) del Código Procesal Civil, declara improcedente el recurso de casación de fs. 158 a 162, interpuesto por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas –AEMP, en contra del Auto de Vista Nº 203/2017 de 20 de abril”, señala la conclusión del auto supremo en su último párrafo, al que accedió EL DEBER.

El procurador Pablo Menacho no atendió su teléfono para conocer su impresión al respecto. Sin embargo, el jefe de bancada del MAS en Diputados, David Ramos, dijo que desconoce el auto supremo, pero aun así apuntó al expresidente Carlos de Mesa por el daño al Estado. “Conocemos que este señor David Moscoso Ruiz accedió a información clasificada cuando fue funcionario del Ministerio de Minería, en época neoliberal. Entonces, este señor obtiene beneficios con la alianza Quiborax por brindar esa información”, detalló el legislador.

Al respecto, el ministro de Minería, César Navarro, cuestionó que Moscoso Ruiz haya utilizado esa información para lograr beneficios con Quiborax. Calificó como “tráfico de influencias” lo realizado por el empresario. “Hubo tráfico de influencias de un exfuncionario del Estado (Moscoso) que llega a tener una concesión por la información que tenía”, remarcó la autoridad.

Moscoso Ruiz, entre 1978 y 1980, fue director de Asuntos Jurídicos en el Ministerio de Minería y Metalurgia. Luego fue director jurídico en la empresa Minera Inti Raymi, de 1995 a 2001. El 14 de agosto de 2009, el empresario se acogía a un juicio abreviado, donde fue condenado a dos años de cárcel, pero obtuvo el perdón judicial y se estableció el pago de una multa de Bs 1.000. Este proceso se dio en medio de la demanda ante el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que fue interpuesta por el acusado.

En este caso, fue la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas la parte querellante. Su abogado señaló en la audiencia que la multa de Bs 1.000 estaba fijada solo por los costos de trámites judiciales y no así por el daño al Estado y que ese dinero no cubría ni siquiera los honorarios de los abogados patrocinantes.

El expresidente Carlos de Mesa cuestionó que la Fiscalía y la AEMP hayan retirado la denuncia penal contra los otros denunciados por el delito de falsificación, ya que además de Moscoso, nueve ciudadanos chilenos fueron enjuiciados, entre ellos Allan Fosck, un alto ejecutivo de Quiborax. “Quiero dejar esto establecido para que la gente sepa de qué estamos hablando, del tamaño vergonzoso que yo no he visto en mi vida de una acción de un gobierno que justifica las barbaridades que describo acusándome a mí”, remarcó el expresidente.

El Gobierno, a través de la Procuraduría General del Estado, acusa a De Mesa de la pérdida de $us 42,6 millones que el Estado pagó por la indemnización a la transnacional Quiborax como efecto de un arbitraje ventilado en el Ciadi. El diputado opositor Wilson Santamaría reprochó que la Fiscalía no haya convocado a declarar a Moscoso Ruiz en el marco de este proceso. “Tuvieron el tiempo posible, pero no lo hicieron. Ahora no sabemos la verdad de este señor, que parece recibió 20 millones de dólares de premio. Y ese dinero es nuestro”, cuestionó.

Para destacar

La estrategia: Bolivia cambió tres veces su defensa jurídica durante el arbitraje con Quiborax, a la cual tuvo que pagar $us 42,6 millones.

Juicio a de Mesa: El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) recomendó un juicio de responsabilidades contra Carlos de Mesa por el caso Quiborax.

No en manos del MAS: Será la Asamblea Legislativa en la siguiente legislatura quien defina el caso del expresidente De Mesa.