Si el ‘Lava Jato argentino’ toca a Bolivia se investigará

La investigación de un periódico argentino –el diario La Nación– ha desencadenado un terremoto político y empresarial con repercusiones que exceden sus límites nacionales. En medio de esta trama argentina de sobornos que apunta a los mandatos de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, la red Erbol identificó a dos de las compañías implicadas –Isolux Corsán Corviam y Electroingeniería– porque también se adjudicaron contratos públicos en Bolivia durante la gestión del presidente Evo Morales.

Dicha publicación de Erbol fue suficiente como para que algunas voces en la Asamblea Legislativa Plurinacional presionen para que se cree una comisión mixta que investigue si hubo irregularidades en sus contrataciones en el país, tal como planteó el jefe de bancada de Unidad Demócrata (UD) en Diputados, Gonzalo Barrientos. Y la respuesta del partido gobernante no se dejó esperar.

“Si alguien en algún país menciona o vincula algún soborno en Bolivia, inmediatamente hay que activar (la investigación). No podemos mirar para otro lado (...). Si hay algún país donde se abra una investigación sobre lavado, sobre manejo de paraísos fiscales y fuga ilegal de capitales o sobornos, por supuesto que se va a investigar”, respondió la diputada del MAS Susana Rivero, que a su vez es presidenta de la Comisión Especial Mixta de Investigación para los casos de sobornos Lava Jato y Odebrecht. “Si en determinado momento Argentina o Perú detectan un problema, inmediatamente tenemos que activar nuestros mecanismos internos”, dice.

Una postura similar ha adoptado la senadora masista Adriana Salvatierra, según cita Erbol. Para Rivero, sin embargo, el hecho de que Isolux Corsán Corviam y Electroingeniería hubiesen ganado contratos del Gobierno boliviano no es suficiente motivo como activar una investigación o pedir la conformación de una nueva comisión parlamentaria que indague.

Según el diario La Nación, el caso de ‘los cuadernos de las coimas’ –o ‘Lava Jato argentino’– refleja la existencia de una estructura para recolectar el dinero en efectivo, en bolsos, de las oficinas de distintas empresas a las cuales el Ministerio de Planificación argentino les había otorgado obras públicas. Según los hallazgos judiciales, semanalmente, el secretario de un ministro de los Kirchner concurría a la residencia presidencial para recibir instrucciones respecto a quién había que cobrarle. Todo se descubrió a raíz de la filtración de ocho cuadernos de apuntes de un chofer que trabajaba para un funcionario del Ministerio de Planificación argentino durante 10 años del period kirchnerista. Supuestamente, el chofer tomó nota con el objetivo de tener un ‘seguro’ para conservar su empleo.

Implicadas en el escándalo argentino, Isolux Corsán Corviam y Electroingeniería fueron contratadas por el Gobierno boliviano en algún momento, pero luego fueron sancionadas por incumplir sus acuerdos. Barrientos dijo que esto no puede pasar desapercibido, por lo que anunció que la próxima semana solicitará formalmente que la Asamblea conforme una comisión para investigar el caso, cómo llegaron al país, cuáles eran sus vínculos, cómo consiguieron licitaciones y los costos.

Al respecto, Rivero respondió que nadie se niega a investigar nada, pero que no se puede poner bajo sospecha a las contrataciones estatales sin un buen fundamento: por ejemplo, algún indicio de soborno en Bolivia. “Es muy apresurado hablar de otra comisión. La investigación en Argentina ni siquiera ha terminado, está empezando. No tienen datos respecto a Bolivia”, dijo, para terminar indicando que “este caso de corrupción internacional no debería convertirse en una persecución de empresarios” o una “bandera política” solo para dañar al rival.

Responde Obras Públicas

Según el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, las dos empresas mencionadas en Argentina se adjudicaron en Bolivia proyectos mediante procesos de licitación pública y lo que hubiese ocurrido en el país vecino no tiene nada que ver con lo ocurrido acá.

Claros recordó que el Estado boliviano, a través de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), resolvió los contratos de Isolux Corsán Corviam y Electroingeniería por incumplimiento, habiéndose ejecutado las boletas de garantía respectivas (anticipo y cumplimiento de contrato).

“Esta es una prueba contundente de que no existe ningún favoritismo con estas empresas”, respondió el ministro, en respuesta a un cuestionario de EL DEBER. También se envió consultas al presidente de la ABC, Luis Sánchez-Gómez, sobre las acciones o pesquisas que se podrían seguir, pero este no contestó.

Antecedentes en Bolivia

Uno de los empresarios capturados por la justicia argentina por este caso es Gerardo Ferreyra, vicepresidente de la compañía Electroingeniería, la misma que formó parte del consorcio ArBol (Argentina-Bolivia), que fue contratado por Bolivia en enero de 2010 por $us 257 millones para construir la carretera Santa Bárbara-Caranavi-Quiquibey. En el acto de firma de contrato, en Palacio de Gobierno, Ferreyra compartió con el presidente Morales, como lo registra una foto de archivo de la agencia de información del Gobierno ABI.

De acuerdo con el periódico La Nación, la compañía Electroingeniería era una pequeña empresa hasta que, a partir de 2003, con el kirchnerismo, se convirtió en una de las grandes jugadoras en los contratos de obras públicas en Argentina.

La otra empresa es la española Isolux Corsán Corviam, que fue conocida en Bolivia por abandonar en 2017 dos obras multimillonarias que le adjudicó el Gobierno: la construcción de la hidroeléctrica Miguillas y la carretera Ixiamas-San Buenaventura. El empresario implicado es este caso es el argentino Juan Carlos De Goycoechea, expresidente de la filial argentina de Isolux, hoy prófugo de la justicia. Según La Nación, el acusado mandó a decir al juez que se presentaría luego porque estaba de viaje, esquiando.