El ministro de Justicia se refirió al inicio del proceso judicial contra el expresidente. Nueve víctimas presentaron la causa civil ante un juzgado estadounidense

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21 de febrero de 2018, 17:10 PM
21 de febrero de 2018, 17:10 PM

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, calificó de "extraordinaria determinación" la decisión asumida por la justicia federal de Estados Unidos (EEUU) de iniciar el juicio civil contra Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín por la masacre de octubre de 2003.

"Saludamos esta extraordinaria determinación que ha tomado la justicia federal de Estados Unidos, después de un largo viacrucis de las familias de nueve personas que se animaron a presentar una demanda civil al interior de la jurisdicción norteamericana por el resarcimiento de los daños", aseveró en Sucre la autoridad.

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El caso denominado “Mamani vs Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín” fue instalado por las familias de nueve bolivianos muertos en las revueltas de octubre de 2003. Ambos acusados comparecieron en una etapa previa y alegaron inocencia.

Los datos indican que el juicio se iniciará el 5 de marzo próximo en la Corte Federal de Fort Lauderlade, Florida, tras haberse rechazado una objeción presentada por los demandados. Es la primera vez que un exjefe de Estado se sentará frente a sus acusadores en un proceso de derechos humanos en una corte estadounidense.

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Son nueve los demandantes, entre ellos: Etelvina Ramos Mamani, cuya hija de ocho años, Marlene, fue asesinada en el dormitorio de su madre cuando una sola bala fue disparada a través de la ventana; Teófilo Baltazar Cerro, cuya esposa embarazada Teodosia fue asesinada cuando se disparó una bala a través de la pared de una casa; Felicidad Rosa Huanca Quispe, cuyo padre de 69 años fue asesinado a tiros al lado de una carretera; y Gonzalo Mamani Aguilar, cuyo padre, Arturo, fue asesinado a tiros mientras cuidaba sus cultivos.

Finalmente el ministro ponderó que después de una serie de apelaciones y dilataciones en este proceso, que fue presentado originalmente el año 2007, se tiene una respuesta favorable de la justicia estadounidense con la fijación del inicio del juicio civil de derechos humanos.