BOLIVIA

Quiborax: Rodríguez Veltzé afirma que saneó deficiencias jurídicas


La declaración del expresidente, en calidad de testigo, se basa en la promulgación de un decreto que abrogaba el de Carlos Mesa, a través del cual se revirtió las concesiones mineras del Salar de Uyuni al Estado boliviano

Rodríguez Veltzé sucedió a Carlos Mesa en el poder. Actualmente es el agente boliviano de la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya
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12/07/2018

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé afirmó que durante su gobierno los procedimientos en el caso Quiborax fueron saneados para "reestablecer el principio de legalidad", mediante la abrogación del Decreto Supremo del expresidente Carlos Mesa que revertía las concesiones mineras del Salar de Uyuni a manos del Estado Boliviano.

Según un artículo del diario La Razón, citado por la Agencia de Noticias Fides, la declaración de Rodríguez se dio en calidad de testigo y en respuesta a un cuestionario enviado por la Fiscalía General del Estado en correspondencia a las investigaciones del caso.

"Quiero dejar constancia expresa de que la actuación de mi gobierno se concentró en restablecer el Principio de Legalidad en la conducción de la actividad del Estado en el procedimiento de recuperación de concesiones mineras ubicadas en el Salar de Uyuni y áreas de influencia conforme lo dispuso la Ley 2564", señala la exautoridad en el documento.

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La declaración se basa en la promulgación del D.S. 28527, del 16 de diciembre de 2005, que abrogó el D.S. 27589 del expresidente Carlos Mesa, que revertía las concesiones mineras del Salar de Uyuni al Estado Boliviano.

"Mi gobierno no ingresó al mérito de las razones por las que se dispuso la nulidad de las concesiones, cumplió con el deber administrativo de sanear los procedimientos en resguardo del principio de legalidad que garantiza el sometimiento de autoridades y administrados al orden legal", agrega en otra parte del cuestionario.

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Afirma que esta medida fue adoptada en vista de que la norma abrogada adolecía de "deficiencias jurídicas insubsanables".
 



 




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