Quiborax: Carlos Mesa ingresó a declarar a la Fiscalía General en Sucre

El expresidente Carlos Mesa y su abogado Carlos Alarcón ingresaron a la Fiscalía General a las 8:31 para responder a la proposición acusatoria de la procuraduría general por el caso Quiborax.

El exmandatario dijo que a su salida, después de declarar, emitirá su opinión sobre el primer encuentro con los fiscales.

Afuera un grupo de personas con banderas vitoreaban a Mesa expresando su respaldo en el proceso que le inicio el gobierno.

Denuncias a ministros

Este lunes, la exautoridad lanzó su contraataque y presentó un memorial en el que solicita que las investigaciones se amplíen a dos ministros de Evo Morales, Héctor Arce, de Justicia y César Navarro, de Minería; al actual procurador Pablo Menacho; y a la exministra de Defensa Legal del Estado Elizabeth Arismendi, porque no habrían cumplido sus funciones.

No solo eso, el memorial del expresidente también solicita que se pida tres informes a la Procuraduría General sobre procesos internos que se realizaron desde 2008 hasta este año; asimismo plantea como testigos a las personas que actuaron como sumariantes o acusados en esos procesos internos.

Las acusaciones que pesarían en contra de las actuales autoridades son: conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, y el memorial hace referencia a los actos que se realizaron en la gestión de cada uno de ellos.

Frente a esas acusaciones, el procurador Pablo Menacho emitió tres tuits a manera de respuesta: “Carlos Mesa de nuevo desviando la atención. El laudo señala claramente que Estado boliviano fue condenado a pago de indemnización porque ‘la revocatoria no se llevó a cabo de conformidad con la ley boliviana’. Es decir, porque Mesa no cumplió Ley 2564 y emitió ilegal DS 27589”, refiere en su primer tuit; luego le sucederían otros dos en los que hace referencia a los pasos que siguieron y sugiere que el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé derogó el decreto 27589 que era el de rescisión de contrato con Quiborax.

Un día antes Arce dijo que “cada ministro de Defensa Legal del Estado y cada procurador son responsables de la correcta defensa de los intereses del Estado y todos, en base al tiempo que ejercimos dichos cargos, estamos abiertos a cualquier auditoría o requerimiento de información”.

De hecho, hasta el momento, la Fiscalía solo convocó a Carlos de Mesa y ayer se conoció de la declaración de Elizabeth Arismendi, que fue ministra de Defensa Legal del Estado entre 2010 y 2011.

Te puede interesar:

El expresidente cree que las autoridades nacionales también deben informar sobre lo que está sucediendo y cómo una empresa que invirtió menos de un millón de dólares termina cobrando $us 42,6 millones más como beneficio y que ahora él aparece como único responsable del caso cuando este pasó por tres gobiernos: el suyo, el de Eduardo Rodríguez Veltzé y este de Evo Morales, que es el que debe pagar. 

En 2018, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi, por sus siglas en inglés), después de nueve años de conflicto legal, determinó que Bolivia debía pagar 48,6 millones de dólares a la chilena Quiborax por el despojo de la posesión que tenía en el salar de Uyuni y pese a las apelaciones, el fallo no fue revertido.

Al final, en Bolivia se acordó el pago de 42,6 millones y que fue anunciado por el propio Ministerio de Minería.   

Lee más: