Quiborax: Arce y Navarro logran apoyo legislativo; Mesa estuvo en la sesión
Los ministros de Justicia y de Minería fueron respaldados por los diputados del MAS. Autoridades del Ejecutivo y legisladores reiteraron sus acusaciones contra el expresidente
La sesión de interpelación de los ministros de Justicia, Héctor Arce, y de Minería, César Navarro, concluyó con la aprobación de un voto de confianza de parte de la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ambas autoridades habían sido citadas a solicitud de diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) para responder por el caso Quiborax.
La interpelación fue presenciada por el expresidente Carlos Mesa, que siguió desde el palco diplomático la exposición de los ministros y el posterior debate legislativo.
Arce y Navarro explicaron los antecedentes de este caso, que provocó que Bolivia pagara una millonaria indemnización tras perder un arbitraje. El argumento de las autoridades es que se hizo todo lo posible por ganar el juicio, pero que la responsabilidad estuvo finalmente en el origen del laudo: el procedimiento por el que Bolivia recuperó los predios en los que se estaba explotando bórax y otros recursos naturales a través de una empresa chilena.
Los dos tercios del oficialismo fueron aplastantes a la hora de la votación, luego que ambos ministros respondieran 12 preguntas formuladas por los diputados Víctor Borda y Betty Yañíquez, durante una sesión que duró cerca de cinco horas y que fue transmitida por Bolivia Tv, pero que cuando eran interrumpidos por el "Bolivia dijo no", el canal estatal distraía por unos minutos la emisión, según publica el portal de Radio Erbol.
Gabriela Montaño presidió la sesión de la Asamblea y fue la encargada de someter a consideración de la moción de "orden del día puro y simple", mientras desde la bancada opositora, los diputados y senadores exigían preguntar a los ministros que, por efectos del reglamento, no pueden participar de la votación.
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Carlos Mesa
Nunca antes un expresidente de la república asistió a un acto de fiscalización ordinaria, pero en este caso justificaba su asistencia, porque deseaba escuchar los argumentos de quienes lo responsabilizan, en este caso Navarro y Arce, de que el Estado se vea obligado a pagar 42.6 millones de dólares por indemnización la empresa chilena, a la que en 2004 le revirtió sus concesiones.
